La intervención de Banco de Valencia, el 21 de noviembre de 2011, por parte del Banco de España puso al descubierto una entidad ruinosa que hoy se desgaja hasta en siete procesos judiciales distintos en la Audiencia Nacional. Sin embargo, un despacho de abogados de Valencia considera que en la cadena de todo aquel proceso -el primero de estas características tras el estallido de la crisis de 2008- hubo un paso que faltó y que ahora reclama.
 
Se trata de una apertura de sección de calificación que no es otra cosa que determinar si el Consejo de Administración de Banco de Valencia fue responsable o no de que acabara intervenido. En definitiva, si fue culpable o fue un hecho fortuito. A juicio del bufete Corbalán de Celis, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no lo hizo de manera correcta.
En la demanda, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el abogado Mariano Corbalán y administrador concursal, junto con un magistrado experto en la materia, recuerda la Ley Concursal. Concretamente el artículo 174 que establece que «en los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad».
Y añade: «Esto significa que en los casos en los que, como ocurrió con el Banco de Valencia, el FROB hubiera intervenido una entidad financiera en crisis y hubiera aplicado sobre ella el mecanismo de resolución acordando su venta a un tercero, Caixabank, sin acudir al procedimiento concursal, la autoridad supervisora debió comunicar la venta inmediatamente al juez de lo mercantil a los solos efectos de la apertura de la sección de calificación, para determinar la posible culpabilidad de los administradores del Banco de Valencia, también de quienes tenían capacidad de decisión sin ser administradores, y por último de quienes fueron cómplices en la situación de insolvencia».
La antigua cúpula del Banco de Valencia tiene interpuestas cuatro querellas por estafa, apropiación indebida y administración desleal de la entidad. Además, estos escritos también se dirigen contra varios empresarios, causando un perjuicio patrimonial en torno a los 500 millones de euros.
Precisamente, el pasado lunes el exconsejero delegado Domingo Parra se sentó en el banquillo por la pieza relativa a las presuntas irregularidades inmobiliarias de Banco de Valencia y que se estima causaron un perjuicio a la entidad de unos 160,4 millones de euros.

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