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SERVICIO MEDIACIÓN BARAKALDO EVITAR DESAHUCIOS


CMICV- EUROPA PRESS

Barakaldo pone en marcha una experiencia piloto “pionera” de mediación en alquileres para evitar desahucios

El convenio, que arranca en junio, incluye el abono por parte del Ayuntamiento de Barakaldo de hasta 9.000 euros

La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia), Amaya Rojas, y el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Carlos Fuentenebro, han firmado este martes un convenio de colaboración para desarrollar un nuevo servicio de información, orientación y mediación en alquileres para evitar desahucios, una experiencia piloto “pionera” en todo el país que será una realidad a partir de junio.

El servicio será prestado por los letrados del Colegio de Abogados de Bizkaia, con la colaboración de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. El acuerdo incluye el abono de un máximo de 9.000 euros por parte de las arcas municipales y se extenderá durante seis meses, prorrogable por igual plazo. Una vez finalizado el convenio, se analizará la necesidad de que continúe.

El objetivo del servicio es, según la indicado la edil, informar, orientar y mediar entre los ciudadanos de Barakaldo que tengan dificultades para pagar el alquiler y las personas o empresas que le han alquilado la vivienda, de forma que se planteen medidas correctoras que permitan mantener el pago de la renta, se negocien medidas alternativas y se encuentren otros caminos de mediación en los casos de posibles procedimientos judiciales.

El decano del Colegio de Abogados ha destacado que lo que se busca es “dar un servicio nuevo e integral, coordinado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y también con el Juzgado”. Lo que se pretende es que en “todos los procedimientos que se inicien en el Juzgado, podamos intervenir mediando y se solucionen si puede ser extrajudialmente”.

Según ha indicado, “va a haber una igualdad de partes, propietario y arrendador”. “No estamos aquí -ha dicho- para ver a quién protegemos más, sino que las dos partes van a ser iguales a la hora del funcionamiento del convenio y no se van a suspender en ningún momento los procedimientos judiciales, salvo que ambas partes accedan a ello”.

Por su parte, el abogado Luis Cordero ha afirmado que el convenio lo que trata es “de reconducir” el conflicto del propietario con el inquilino por una situación de impago y “tratar de buscar una solución acordada entre las dos partes”, a través de un procedimiento de mediación, facilitando un mediador para que las partes puedan llegar a un acuerdo para mantener esa relación arrendaticia “evitando, en cualquier caso el lanzamiento”.

Ha subrayado que la mediación es de carácter voluntario para las partes y que lo que se busca también es que “en ningún caso” el servicio “pueda ser utilizado para entorpecer o alargar los procedimientos judiciales”, así como que “los posibles usuarios del servicio cumplan unos requisitos muy exigentes, para evitar que pueda ser utilizado por, entre comillas, deudores profesionales, que lo único que hacen es no pagar la renta porque no quieren”.

Requisitos de acceso

En alusión a estos requisitos, Amaya Rojas ha explicado que las unidades familiares destinatarias de esta experiencia piloto deben estar empadronadas en Barakaldo y cumplir unos requerimientos para “garantizar que se cumple el objetivo de ayudar a las familias con dificultades y no a aquellas personas que se niegan a pagar un alquiler pero se gastan el dinero en cuestiones que nada tienen que ver con necesidades básicas”.

En este sentido, los requisitos de acceso al servicio son que la vivienda arrendada sea el domicilio habitual, carecer de otra en propiedad, tener unos ingresos que representen como máximo hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), salvo casos “excepcionales suficientemente acreditados”.

Se exige también que se esté abonando una renta superior al 60% de los ingresos del conjunto de los miembros de la unidad familiar, y que se haya producido una situación de impago de las rentas motivada por situaciones significativas de carencia sobrevenida de recursos económicos en los dos años anteriores o se prevea que se puede producir. Se pide, igualmente, que se carezca de un patrimonio significativo con el que poder atender el pago de la renta y que no se haya sido objeto de un procedimiento de desahucio por falta de pago de rentas en los tres últimos años, salvo que este hubiera finalizado con la enervación de las rentas o salvo circunstancias excepcionales suficientemente acreditadas.

Con cita previa

El servicio se prestará en dependencias municipales de forma gratuita durante tres horas un jueves al mes, de diez de la mañana a una de la tarde, aunque, según la concejal, se podrá adaptar el horario y los días de prestación del servicio en función de la demanda. Antes de acudir, los interesados deberán concertar una cita previa a través de los servicios sociales municipales.

El convenio prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y el Colegio de Abogados para velar por el exacto cumplimiento del convenio y resolver las incidencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo.

No obstante, la concejal ha afirmado que “no va a resultar sencillo” resolver estos conflictos de impagos de alquileres, porque en muchas ocasiones la situación del inquilino que no puede abonar su mensualidad es igual de complicada económicamente que la del arrendador, que necesita el dinero para cubrir sus necesidades básicas, por lo que “hay dos familias afectadas y en esas situaciones la negociación se antoja muy compleja”.

En ese sentido, el Ayuntamiento dispone, ha dicho la edil, de datos del Juzgado que evidencian que estas situaciones se dan a menudo. “Pero no es menos cierto que muchos de los inquilinos no quieren que nadie interceda por ellos, ni siquiera gestionándoles una ayuda y se sospecha, y en algún caso se tiene la certeza, que esto es debido a que tienen medios económicos suficientes para pagar, y no lo hacen porque no quieren”, ha subrayado.

El nuevo convenio ha sido presentado este martes a los diferentes grupos políticos municipales en el seno del Grupo de Trabajo contra los desahucios que formó hace un año el Ayuntamiento.

Según ha recordado Rojas, el Ayuntamiento de Barakaldo “está a la cabeza en la lucha contra los desahucios”, como demuestra que el año pasado concediera 858 ayudas económicas para que otras tantas familias de la ciudad pudieran hacer frente al pago del alquiler o hipoteca de su vivienda, o “que es, junto a Basauri y Sestao, uno de los tres municipios vizcaínos que cuenta con un servicio de información e intermediación hipotecaria gracias a otro convenio de colaboración que tiene firmado con el Colegio de Abogados de Bizkaia”.

Este servicio de información e intermediación hipotecaria se está prestando desde junio de 2013 y ha evitado ya el desahucio de 28 familias de la ciudad, 8 de ellas a lo largo de este año. Asimismo, han recibido información 70 familias, 23 de ellas en 2014.

“medida efectiva”

En ese sentido, la edil ha afirmado que este servicio se ha demostrado “una medida efectiva, al contrario que el Fondo Social de la Vivienda que puso en marcha el Gobierno central y al que el Ayuntamiento de Barakaldo se adhirió con la esperanza de que alguno de los pisos de los bancos fuera ocupado por familias desahuciadas”.

Ha este respecto, ha indicado que “el propio Gobierno del PP ha admitido, en respuesta al senador autonómico y ex alcalde de Barakaldo Tontxu Rodríguez, que el sistema no funciona y los datos lo evidencian, ya que solo se han formalizado 410 contratos de alquiler en todo el país y en la ciudad únicamente están disponibles dos viviendas, que no conoce aún si han sido ocupadas porque el Gobierno no ha facilitado esa información”.

 




 

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