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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Argentina ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Repsol para anular la Asamblea General Ordinaria de YPF celebrada el 4 de junio de 2012, pero ha tomado una decisión que provoca un importante conflicto en la petrolera expropiada y que supone un mazazo para el Gobierno de Kirchner.
El magistrado, Jorge S. Sicoli, ha decidido que se incluya la anotación de una litis o pleito en los libros de YPF. Este hecho supone una declaración judicial en el registro de propiedad como medida cautelar sobre los bienes del demandado. Este hecho permite que los posibles compradores sepan que el bien es litigioso y que el demandante pretende derechos sobre la propiedad. A diferencia de un embargo, los bienes pueden ser comercializados. Sin embargo, si la reclamación se resuelve a favor del demandante -en este caso Repsol- el comprador deberá devolver el activo sin derecho a reclamar ya que fue notificado previamente a la adquisición, lo que supone en la práctica paralizar cualquier acuerdo comercial, por ejemplo, en el megapozo de Vaca Muerta. Una medida de este calibre impide prácticamente la firma de cualquier acuerdo para vender activos de la sociedad o incluso para explotarlos conjuntamente, lo que supone en la práctica la parálisis de la compañía.
El pasado 28 de mayo, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones dejó sin efecto otra anotación similar a la antes mencionada que el mismo magistrado había dispuesto respecto a YPF Gas a instancias de Repsol Butano, tal y como adelantó la semana pasada elEconomista. YPF se mostró dispuesta a invocar las defensas legales necesarias para que se deje sin efecto la anotación de la litis mencionada y se espera por lo tanto que presente un recurso similar. El 31 de julio de 2012, la petrolera impugnó la asamblea ante el Juzgado. Desde entonces, la primera señal del juzgado se produjo el pasado 18 de marzo en el que la Cámara Comercial resolvió la competencia del fuero y lo notificó un día después a la española. Ahora acaba de decidir sobre las cautelares solicitadas.
La petrolera ha abierto una amplia campaña judicial en Buenos Aires para demostrar la inconstitucionalidad de la expropiación de YPF y para ello ha planteado dos pleitos por este motivo desde la matriz y la filial de Butano. Repsol trata de impugnar también todas las asambleas de YPF y ha solicitado medidas cautelares en varias ocasiones. La compañía e YPF chocan ahora por un presunto caso de pagos de sueldos sin las pertinentes aprobaciones.

Polémica venta de acciones

Además, la Comisión de Valores de Argentina (CNV) abrió un sumario a directivos de la española Repsol por la venta no declarada de acciones de la petrolera argentina YPF.
El sumario fue abierto el 18 de abril pasado pero se hizo público este lunes tras las notificación a las partes, según explicaron las fuentes consultadas por Efe al organismo regulador de los mercados.
El expediente se abrió en el marco de una investigación por la supuesta venta de acciones de YPF por parte de directivos a Repsol antes de la expropiación del 51% de los títulos de la compañía española en la petrolera argentina.
El sumario alcanza al presidente de Repsol, Antonio Brufau, a Antonio Gomis Sáez, quien hasta que el Estado argentino tomara el control de YPF -en mayo de 2012- era director general de la petrolera argentina, y a una decena de miembros del Consejo de Administración de Repsol.
El regulador fijó una audiencia preliminar en este caso para el próximo 19 de junio.