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REGISTRO CIVIL, PASADO, PRESENTE Y ¿FUTURO?


LAWYERPRESS /

 

Centenares de juristas reclaman que esta entidad siga siendo pública y cuestionan la cesión de datos personales a terceros
Como bien se sabe el rumor es la antesala del a noticia. Hace unos días comentábamos que muy posiblemente la gestión del Registro Civil pasaría a otras manos, la del Cuerpo de Registradores en un entorno en el que está a punto de entrar en vigor la nueva normativa que regula este organismo que gestiona miles de datos personales. Los Registros Civiles que se han informatizado gracias a una inversión de más de 120 millones de pesetas, ahora han generado el malestar de ciudadanos y profesionales, temerosos que esa gestión nueva sea de pago. Cerca del 90 por ciento de los libros de registros están ya informatizados desde 1950 hasta este siglo XXI, lo que revela el trabajo que se ha hecho en en estos tres años tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Entre estas muestras de desaprobación del cambio de titularidad del Registro, nuestro lector puede en el enlace adjunto el Manifiesto de Plataforma Ciudadana Justicia de Todos, sobre la titularidad del Registro Civil, entidad creada hace dos años para promover la regeneración de nuestra justicia.
Hablamos con Francisco Cabo, secretario judicial y uno de los creadores de esta plataforma en abril del 2012 que aglutino a una treintena de profesionales disconformes sobre el desarrollo del servicio público de nuestra justicia. Su currículum revela como una persona muy conocedora del mundo jurídico: Fue asesor de López Aguilar, al igual que de Bermejo, Ministros de Justicia, “ tras una etapa en mi ocupación profesional volví a ser llamado y ocupé el cargo de Subdirector General de Modernización Justicia, entre 2010-2. En esa etapa acometimos la reforma del Registro Civil. Se hizo un gran esfuerzo y una gran inversión sobre los 128 millones de pesetas”, apunta. “Es evidente que se van a emitir muy pocas certificaciones porque via online se podrá consultar y pedir el certificado pertinente, de ahí el esfuerzo inversor que se hizo”, aclara.
Bajo su gestión se puso en marcha los Planes pilotos de cara a la nueva Ley que entrará en vigor el próximo mes de julio “ Se firmó un convenio con Red. Es para la digitalización de todos los libros de registros, alcanzamos el 90 por cien de estos libros digitalizados entre 1950 a la actualidad”. Además también comenta que se desarrolló un software para poder luego hacer la tramitación online de los expedientes. “ La experiencia piloto de Guadalajara fue premiada por el CGPJ el año pasado como buena práctica en justicia. Se trataba de hacer el trabajo en estos tres años para lograr una transición más suave a lo que se decía en la propia ley sobre el Registro Civil”. Desde su punto de vista es un despropósito adjudicar a los Registradores de la Propiedad la gestión de estos datos. Curiosamente la Ley de Registro Civil se puso en marcha estando José Luis Rodríguez, ahora director general de la AEPD como director de gabinete del Ministro Caamaño en Justicia.
Para los abogados del ICAB la previsión del Ministerio de Justicia de ceder el Registro Civil a otro operador jurídico supone un paso atrás en la proximidad, accesibilidad y protección de datos de los ciudadanos porque la asignación a los registradores se hace “con plena capacidad auto- organizativa” en los aspectos relativos a “la organización territorial, material y tecnológica”.
Esta asignación además, no garantiza la gratuidad del servicio público que prestan actualmente los registros civiles. Es más, es previsible que conlleve otro incremento de los costes para los ciudadanos ya que tendrán que pagar por servicios que actualmente son gratuitos. Será una nuevo “peaje” como lo es la tasa judicial, que sufren desde hace más de un año los ciudadanos y los profesionales de la justicia.
El ICAB también alerta sobre la manera de llevar a cabo la reforma del Registro Civil. Si la reforma se hiciera mediante un Decreto Ley resultaría contraria a la Constitución, porque no respondería de ninguna manera a una necesidad “extraordinaria y urgente”. El Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente (casi tres años a contar desde la aprobación de la ley 20/ 2011 del Registro Civil) para organizar el servicio del Registro Civil. Cabe recordar la previsión de la Disposición Final Décima de la Ley 20/ 2011 del Registro Civil: “Hasta la entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles dentro del proceso de modernización de la Justicia”.
En opinión de Rafael Lafuente, portavoz de sisej, sindicato de secretarios judiciales, otro de los fundadores de la citada Plataforma Ciudadana, el momento por el que pasa la justicia es muy negativo, “ hay que buscar mecanismos para que el ciudadano participe de la actividad jurídica. Es evidente que la gestión de Gallardón es muy negativa y que un cambio de Ministro solo sería positiva si se cambiara también el talante y la forma de llevar el propio Ministerio”, comenta. En el debe del titular de esta cartera ministerial hay temas como la ley de tasas que impide a muchos ciudadanos acceder a la justicia y otros proyectos de ley como el de seguridad ciudadana o la reforma del aborto que no contentan a nadie.
Sobre la titularidad del Registro Civil, nuestro interlocutor defiende que siga siendo público y gratuito por los datos, millones que están ahí de la mayor parte de los ciudadanos españoles y que si cayeran en poder de terceros supondría un gran riesgo “ Hay que recordar que la Ley del Registro Civil se hizo con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, pero en ningún caso se prevía una cesión de su titularidad a un tercero como ahora quiere hacer nuestro Ministro de Justicia. En aquel momento se hablaba de los secretarios judiciales o cualquier otro funcionario del grupo A quien se encargase del Registro, ahora parece que serán los Registradores quienes asuman esta competencia.” Esta nueva norma era muy necesaria y ha permitido que los Registros Civiles se adecúen mediante la digitalización de los mismos en los últimos tres años.”
Lo cierto es que hay cuestiones pendientes de resolver hasta que la nueva normativa que regule los Registros Civiles entre en vigor el próximo mes de julio. En primer lugar, saber que colectivo se va a a encargar de la gestión de los Registros y su desarrollo y de que forma, de tal forma que cualquier cesion de datos esté protegida por la actual regulación de protección de datos, una de las más estrictas de Europa y que suele sancionar sin miramientos comportamientos irregulares cuando se habla de datos personales. Y la otra cuestión, si realmente se sigue manteniendo la gratuidad del servicio de donde surgirán los ingresos que reciban estos nuevos profesionales que se encarguen de su gestión. Mientras tanto sindicatos como Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F), como sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, denuncian que el ministro de Justicia ya ha adoptado la decisión política de trasladar las competencias del Registro Civil a los colegios de registradores, lo que supone la privatización de un servicio público financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1.870 y que deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España. CSI•F ha remitido en varias ocasiones una propuesta alternativa al titular de Justicia, que supone la desjudicialización del Registro Civil, tal y como marca la Ley, pero manteniendo el carácter de servicio público del Registro y su gestión por parte de los funcionarios públicos, que a lo largo de todos estos años han demostrado su eficacia, compromiso y profesionalidad, con una absoluta carencia de medios humanos y materiales.

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