RAFAEL CATALÁ DEFIENDE EL ARBITRAJE COMO EQUIVALENTE JURISDICCIONAL RÁPIDO Y EFICAZ

El Derecho
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha clausurado hoy el II Congreso “Jueces y árbitros: aliados en la resolución de las disputas comerciales”, organizado por la Corte de Arbitraje de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Rafael del Pino.
Rafael Catalá ha destacado el compromiso del Gobierno con el fomento del arbitraje “como instrumento útil y esencial para contribuir a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia” y la obligación de las autoridades de “garantizar un marco de estabilidad institucional y seguridad jurídica que genere confianza en los mercados internacionales, potencie nuestra competitividad y atraiga inversiones que estimulen la actividad económica del país”, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia ha calificado el arbitraje como “un verdadero equivalente jurisdiccional – según lo califica el Tribunal Constitucional- que permite recurrir a expertos de la materia vinculada a la controversia” que haya que dirimir. Con un componente de celeridad que, según ha explicado el ministro, avalan las propias estadísticas de la Corte de Arbitraje de Madrid. Así, 8 de cada 10 arbitrajes tienen una duración inferior al año. La cuantía media en disputa en cada procedimiento, según los años, oscila entre los 3 y los 6 millones de euros, por lo que los más de 200 asuntos tramitados en 2013 sumaron un valor cercano a los 1500 millones de euros.
Catalá ha definido la relación entre jueces y árbitros como una alianza recíproca y sin que haya dependencia o subordinación, especialmente desde la aprobación de la Ley de Arbitraje de 2003, que permitió “un acercamiento de ambos institutos, el arbitral y el jurisdiccional: por un lado, -ha explicado el ministro- las potestades de los árbitros se aproximaron a las de jueces y tribunales en asuntos como la adopción de medidas cautelares; por otro, los tribunales ofrecen desde entonces y si fuera necesario, garantía y control de aspectos como el cumplimiento del laudo o, en los supuestos tasados, la anulación del mismo”.
Según el ministro de Justicia, el fortalecimiento del arbitraje reporta grandes beneficios a la Administración de Justicia “porque es capaz de generar un corpus de doctrina que podrá convertirse en jurisprudencia en el futuro” y también porque, como alternativa a los tribunales alivia la carga de trabajo de los órganos judiciales al canalizar por otra vía complejas controversias. Los tribunales españoles ingresan anualmente 8,6 millones de asuntos.
Catalá ha reconocido que la Ley de Arbitraje no requiere demasiados ajustes pero ha destacado “la necesidad de renovar diferentes ámbitos del Derecho privado, como la Ley de Navegación Marítima (aprobada el pasado mes de julio) y el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ya presentado y actualmente en estado de tramitación parlamentaria)”.
Por último, el ministro ha destacado los logros conseguidos por la Corte de Arbitraje de Madrid, tanto en materia de transparencia (acceso on-line de las partes a los procedimientos de arbitraje, con un sistema de comunicación instantánea las 24 horas del día) como de solvencia y rigor (el 90% de los laudos no se someten a procedimiento de anulación). Por ello, ha animado a difundir este modelo innovador en el resto del país como medio para fomentar la cultura del arbitraje y propiciar que en los contratos entre empresas se incluya con más frecuencia la cláusula arbitral.