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La generalitat y operadores jurídicos impulsan la mediación en lo penal
El 28 de noviembre se ha firmado un convenio para iniciar un proyecto piloto en la ciudad de Valencia
Castellano apuesta por la cultura de la mediación para reducir las cargas de trabajo de los órganos judiciales de la Comunitat
El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha anunciado que la Generalitat y los operadores jurídicos van a impulsar la mediación penal intrajudicial en Valencia dado que la Generalitat “apuesta por la desjudicialización de los conflictos y prefiere impulsar la mediación como forma alternativa de resolución de los mismos, de manera que sean las partes las que resuelvan sus diferencias sin necesidad de acudir a juicio”.
Castellano ha firmado esta mañana el convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Conselleria de Gobernación y Justicia, la Fundación FAVIDE, la Universitat de València, la Fiscalía Provincial de València, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, El Ilustre Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana y la Asociación Profesional de Criminólogos para el desarrollo de un proyecto piloto de mediación penal intrajudicial en la ciudad de Valencia en el que trabajan desde hace varios años.
“El objetivo del convenio -ha continuado- es la puesta en funcionamiento de un proyecto piloto, en el que se ofrecen a las víctimas, órganos judiciales y demás operadores jurídicos la posibilidad de resolver el conflicto mediante un proceso de mediación en el ámbito de la jurisdicción penal”.
Asimismo, ha asegurado que la cultura de la mediación y la cultura del arbitraje son fórmulas positivas para resolver los conflictos extrajudicialmente y así, al mismo tiempo, conseguir “reducir las cargas de trabajo de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana con el fin de conseguir una justicia más ágil y rápida”.
En la Comunitat existen tres proyectos piloto en esta materia llevados a cabo por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Torrent, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Alicante y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante.
En este sentido, el conseller ha explicado que la mediación supone “un procedimiento estructurado que permite la resolución de conflictos de manera pacífica y voluntaria a través del diálogo entre las partes implicadas” y ha hecho hincapié en la imparcialidad del mediador, quien “regula el proceso de comunicación entre las partes y las acompaña para que, como protagonistas, encuentren las soluciones que consideren más beneficiosas”.
El convenio tendrá una duración de un año, prorrogable expresamente por las partes firmantes y la Conselleria de Gobernación y Justicia se compromete con dicho acuerdo a supervisar el funcionamiento y la coordinación del proyecto piloto. Por su parte, el CGPJ y la Fiscalía tratarán de impulsarlo mediante su difusión entre los miembros de la plantilla, destinando los medios personales necesarios para su implementación.
La Universitat de València será la encargada de participar en el proyecto como agente orientador y evaluador. FAVIDE designará a tres mediadores de entre los letrados de la red de Oficinas con las que cuenta. Mientras, el Colegio de Abogados nombrará a diez mediadores que contarán con la especialidad universitaria en mediación penal y penitenciaria y realizará una supervisión técnica periódica del trabajo que realicen, entre otras. En cuanto al Col·legi de Psicòlegs, también designará a cuatro mediadores con formación en mediación penal, y la Asociación de Criminólogos nombrará a otros seis mediadores en la materia.
De esta manera, la posibilidad de derivar procesos judiciales al procedimiento de la mediación se podrán aplicar en los juicios de faltas, en diligencias previas en el Juzgado de Instrucción, así como en diligencias urgentes o en procesos abreviados en el Juzgado de Instrucción, Penal o la Audiencia Provincial de Valencia.
Finalmente, Serafín Castellano ha resaltado que, en estos momentos, “es necesario desplegar todos los mecanismos de solución de conflictos y ponerlos a disposición de los ciudadanos, para lo cual ponemos en marcha este proyecto piloto. De esta manera, se descarga en lo posible a los órganos judiciales de volumen de trabajo y se da a las partes un instrumento eficaz y rápido para la solución de conflictos”.
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