El derecho
Notarios y secretarios judiciales han celebrado este jueves el I Encuentro de fedatarios públicos en el que han adelantado que estudian proponer al Gobierno mejoras en al anteproyecto de jurisdicción voluntaria.
En una jornada celebrada en la Universidad San Pablo CEU, el secretario general de Justicia, Joaquín Silguero, ha defendido que los aspectos que afecten al interés público, al estado civil de las personas o a derechos de menores permanezcan en el ámbito de esta Administración.
Silguero ha defendido la jurisdicción voluntaria como una forma de agilizar el funcionamiento de la Justicia, aunque ha abogado por que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre acudir a un notario o a un secretario judicial en determinadas circunstancias.
El presidente del Notariado, José Manuel Garcia Collantes, ha valorado positivamente el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria al volver a unir a notarios y secretarios judiciales en defensa de los intereses generales. En este sentido, ha recordado que el legislador separó ambos colectivos en 1862.
Para el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, existen “puntos de coincidencia importantes” entre ambos colectivos. Algo en lo que coincidió el vicepresidente de los notarios, Joan Carles Ollé, al señalar que están sentando las bases en lo que podría ser “una propuesta común” a presentar al Ministerio.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Viera, ha puesto la relevancia de esta reforma legislativa en un momento en el que se están replanteando las competencias judiciales con el fin de mejorar la organización de la Administración de Justicia.
Tras la inauguración, las jornadas han acogido una mesa redonda sobre ‘Las cláusulas abusivas’, en la que Ollé ha expuesto la importancia de que el legislador dote a los notarios de los medios suficientes para garantizar “aún más el control preventivo de las cláusulas abusivas”.
En esta línea, el notario Juan Gómez ha abogado por reforzar el sistema previo para evitar que los consumidores puedan firmar préstamos hipotecarios con cláusulas de esta naturaleza.
