LAWYERPRESS
Situación compleja de nuestra justicia donde se atisban pocas soluciones. Los ciudadanos, muchos de ellos hartos, reducen sus quejas en un 16 por cien
El panorama de nuestra justicia sigue siendo desolador pese a una reducción durante el pasado año de un 4,5 por cien en cuantos a asuntos pendientes. El informe del Consejo General del Poder Judicial “Justicia dato a dato”, sigue siendo contundente y poco esperanzado. La reducción del número de asuntos pendientes se produjo pese al ligero incremento, del 0,2 %, en la cifra de nuevos asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales, que pasaron de 8.636.016 en 2013 a 8.653.160 el año pasado. Algo más de siete de cada diez nuevos asuntos –el 71,3%- correspondieron al orden penal, el 21,3 % al civil, el 4,9 % al social y el 2,4 % al contencioso-administrativo. Aquellos 1500 jueces y fiscales sustitutos que han salido de la carrera judicial se notan su ausencia y lo que es cierto es que nuestros juzgados están peor que nunca. Los señalamientos en lo social se están dando para 2018 y 2019. Es, pues, el momento de poner en marcha un plan de choque con medidas que ayuden a frenar esta situación que penaliza el trabajo de los profesionales y vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva de los propios ciudadanos. En estos cuatro años de legislatura se ha producido un retroceso importante en materia de justicia, como puede verse de la lectura reposada de estos datos.
Pocos medios y menos personal que nunca; nuestros juzgados no dan abasto, pese al gran trabajo de jueces, secretarios judiciales y funcionarios que hacen los que pueden, incluso en muchas ocasiones con riesgo para su propia salud. No hay inversiones ni nuevos juzgados y la situación se estanca peligrosamente. El aumento del 0,2 % en el número de asuntos ingresados se tradujo, por otra parte, en que cada juez o magistrado recibió de media 1.702,7 nuevos asuntos durante 2014, frente a los 1.699,3 del año anterior. El número de sentencias dictadas por cada juez o magistrado bajó de 309,2 a 306,7.
Todo esto ha generado que solo durante este último año, la tasa de litigiosidad –el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes- aumentó el año pasado un 1 % respecto a 2013, al pasar de 183,2 a 185. Es decir, la situación lejos de mejorar tiende a cronificarse en unos niveles peligrosos para la salud de jueces y magistrados de nuestros juzgados.
Andalucía (218,2), Madrid (203,8) e Illes Balears (198,5) son las Comunidades Autónomas con mayor tasa de litigiosidad, mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura (143,2), el País Vasco (127) y La Rioja (117,4).
Por órdenes jurisdiccionales, Andalucía también lideró la tasa de litigiosidad en penal y contencioso, mientras que Asturias lo hizo en civil y social.
El informe revela también que, en 2014, la duración media de los procedimientos judiciales disminuyó en primera instancia –un 4,4 %-, en segunda instancia –un 10,7 %- y en el Tribunal Supremo –un 2,2 %-.
Así, la duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 3,9 meses a 3,7 meses; mientras que en segunda instancia bajó de 5,2 meses a 4,6 meses. En el Tribunal Supremo, los procedimientos duraron de media 11,1 meses, frente a 11,3 meses en 2013.
Por jurisdicciones, la duración de los procedimientos bajó en todas las instancias en los órdenes penal y contencioso-administrativo. En el orden civil disminuyó en primera y en segunda instancia, pero subió en el Tribunal Supremo; y en el orden social la duración se redujo en segunda instancia y aumentó en primera instancia y en el Tribunal Supremo.
Disminuyen las quejas y reclamaciones de los usuarios de la Administración de Justicia
Respecto a las quejas sobre la justicia, siguen siendo altas aunque han bajado su número. En este sentido se observa cierto cansancio en los ciudadanos que ven como pese a sus reclamaciones la situación sigue estando igual que siempre. Ya no se litiga tanto como antes porque se cree que no vale para nada. Desde nuestro punto de vista debería habilitarse formularios online para que esa queja se pudiera dar sin tanta burocracia como la que hay hasta ahora.
El número de quejas, reclamaciones, denuncias, sugerencias y peticiones de información registradas en 2014 por escrito ante la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, otros órganos de gobierno o el Servicio de Inspección fue de 12.837, lo que supone un 16,16 % menos que en 2013, cuando se recibieron 14.435.De ellas, 10.288 se referían al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, mientras que otras 2.450 mostraban su disconformidad con alguna resolución judicial.
De las reclamaciones por el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, 4.632 estaban relacionadas con la lentitud en la tramitación de los procedimientos y otras 3.937 con la atención recibida.