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LOS LETRADOS SE REBELAN CONTRA LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES


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Los colegios de abogados exigen al Ministerio de Justicia datos sobre las imprecisiones que existen en torno al futuro de sus instituciones, la colegiación obligatoria y el examen de acceso a la profesión.
“Todos y cada uno de los colegios de abogados son necesarios e imprescindibles. No vamos a aceptar que desaparezca ninguno de los 83 existentes”. Con estas palabras, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), resumió lo que ya era un clamor entre el conjunto de letrados reunidos en la sexta edición de las jornadas de juntas de gobierno de los colegios de abogados que se ha celebrado en Vigo.

 La Ley de Servicios Profesionales se ha convertido en el nuevo caballo de batalla para los abogados españoles. Carnicer, que definió este texto como “abstracto y general”, solicitó que Justicia “concrete y diga si se van a respetar los colegios, si se va a mantener la colegiación obligatoria o ese examen tan buscado de acceso a la profesión”. Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, apuntó que, lógicamente, este texto tendrá que sufrir un gran número de modificación, ya que de aprobarse con la redacción actual “será contestado, protestado y no llegará a buen puerto, ya que el texto cuenta con una pobreza profunda en cuestiones técnicas”.

Decepción El catedrático se mostró profundamente decepcionado ante el contenido del borrador e indicó que “después de tan dilatada espera, lo que hemos podido leer no va en la buena dirección”.

El eurodiputado y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, también se mostró sorprendido por el camino que está siguiendo el Gobierno y que afecta directamente a los abogados y sus colegios. De hecho, ante los asistentes a estas jornadas organizadas por el CGAE, López Aguilar aseguró que la Unión Europea, a pesar de lo que mantienen desde el Gobierno, no ha solicitado que se lleven a cabo modificaciones en este sentido. “El despliegue territorial de los colegios en España es racional y han sido creados en función de las necesidades, y no de manera aleatoria”, comentó, centrando su discurso sobre la posible desaparición de ciertos colegios en el territorio español.

 

Frente a la colegiación obligatoria, el exministro destacó que el Programa de Estocolmo sobre el marco laboral europeo requiere de “profesionales con formación homologada” y que, en este sentido, “la colegiación sería una garantía añadida y no tendría sentido eliminarla”. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, también mostró su malestar ante la actuación del Gobierno en la reforma de la Ley de Servicios Profesionales, e indicó que no puede ocultarse tras las directivas europeas para “cambiar el actual sistema de la abogacía. Los colegios de abogados tienen una historia como garantes de los derechos y se encuentran al servicio de la sociedad”.

Los jueces se descuelgan de la reforma del CGPJ La asociación judicial Francisco de Vitoria anunció ayer que no presentará ni avalará a candidatos a vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la reforma de este órgano aprobada por las Cortes. De esta forma, la asociación se suma a la misma iniciativa que en el mes de mayo anunció Jueces para la Democracia de no participar en la propuesta de candidatos a vocales si no se retiraba la reforma. Durante las VI Jornadas de las juntas de gobierno de los colegios de abogados, los letrados cargaron contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, según ellos, supondrá en la práctica “una pérdida de poder para los jueces y una intromisión en su gobierno”. Fueron muchos los que mostraron su incomprensión ante la urgencia de las reformas que está acometiendo el ministro de Justicia, pero todos resaltaron el problema más importante: la falta de comunicación.

Carlos Carnicer, presidente del CGAE, no dudó en afirmar que “nunca ha habido menos comunicación entre un ministerio y el resto de los protagonistas del sector”. Además, explicó que “Gallardón se ha convertido en el primer ministro en poner de acuerdo al conjunto de la profesión y ha conseguido la unanimidad en las quejas de ciudadanos, jueces, fiscales y abogados”.

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