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LOS ADMINISTRADORES CALIFICAN EL CONCURSO DE ORIZONIA COMO CULPABLE

El Mundo/ HUGO SÁENZ Palma de Mallorca
Los administradores concursales califican de culpable la quiebra de 11 de las 21 empresas que componían el gigante turístico.
Reclaman también 160 millones a los fondos de inversión
Después de un mes de diciembre frenético, en el que tanto la administración concursal de Orizonia -ejecutada por Insolnet y el Banco Sabadell- como algunos grupos de acreedores trataron sin éxito de alcanzar un acuerdo de culpabilidad con los fondos de inversión propietarios de la compañía, el desenlace final no ha sorprendido a nadie. La falta de sintonía en estas reuniones a contrarreloj ha provocado que buena parte de los dictámenes sobre las 21 sociedades que conformaban el conglomerado empresarial del otrora gigante turístico mallorquín pidan la culpabilidad del concurso, tal y como recogen los informes de calificación que los administradores han depositado ante el juzgado Mercantil número 1 de Palma.
Concretamente, Insolnet y el Banco Sabadell entregaron en dependencias judiciales una extensa documentación en soporte informático de unos 5GB de (el equivalente a unas 5.000 fotografías digitales) en la que solicitan la calificación de culpabilidad para 11 de las 21 empresas que componían Orizonia. Una petición que va acompañada de la reclamación de inhabilitaciones por 34 años en total e indemnizaciones por una cantidad de casi 160 millones de euros. Con respecto a las 10 sociedades restantes, consideran que la quiebra se produjo de manera fortuita, por lo que no piden ningún tipo de indemnización o inhabilitación en ninguna de ellas.
Además de estos 34 años de inhabilitación o los 160 millones de compensación, los administradores concursales también identifican en sus informes de calificación sobre quién o quiénes recaerían estas responsabilidades judiciales. Y no pueden ser más claros. Apuntan directamente a los fondos de inversión propietarios de Orizonia, encabezados por el estadounidense Carlyle, que con un 65% del accionariado se negó a inyectar más dinero en la compañía en 2013, lo que provocó su caída. ICG y Vista Capital son los otros dos fondos que completan el accionariado del que fuera el mayor grupo turístico español.
El fondo Carlyle es el más expuesto a la decisión judicial con un 65% de la empresa
Así las cosas, la gran mayoría de las peticiones de inhabilitación en las sociedades con calificación de culpable -ver gráfico adjunto- es de tres años, salvo en el caso de la matriz, Orizonia Travel Group SL, en la que se piden cinco, y Kiruna Travel SAU, con dos. En total, las solicitudes por las 11 sociedades suman los citados 34 años. Y en cuanto a las indemnizaciones, las cantidades varían desde los poco más de 39.000 euros de la más baja (Kirunna Travel) hasta los 117,6 millones de la más alta, nuevamente la matriz, con la salvedad de Iberotravel, calificada culpable pero a la que no se le solicita ninguna indemnización adicional.
Toda vez que la documentación ya obra en poder del juzgado encargado del proceso y que el juez titular del caso, Víctor Fernández, se reincorporará de sus vacaciones navideñas esta misma semana, todo hace indicar que los acontecimientos se irán sucediendo sin más dilación. Para empezar, al Ministerio Fiscal ya se le han entregado todos los informes de calificación para que pueda emitir su dictamen una vez haya analizado la documentación. Su opinión podría no coincidir con la de los administradores y en ese caso, la decisión final recaería en el magistrado, que tendría que sopesar si abrir juicio o no contra los fondos de inversión propietarios de Orizonia.
Y tras la posición de la Justicia, falta por conocer la opinión tanto de los empleados como de Carlyle, el principal afectado por la resolución concursal. Desde la plantilla la satisfacción es absoluta, ya que llevaban tiempo reclamando un dictamen en este sentido y están dispuestos a esperar el tiempo que haga falta hasta que la Justicia se pronuncie definitivamente. Consideran que la empresa siempre dio beneficios y que la quiebra nunca obedeció a criterios económicos o de mercado, sino a causas externas y ajenas al día a día de la compañía.
Tras la decisión de la administración falta por conocer la opinión del fiscal y del juez
Sin embargo, la postura que adoptará Carlyle será sin duda mucho más beligerante. Desde el bufete Valiente Abogados, que representa al grupo de unos 170 empleados que pidió la culpabilidad del concurso, ya se ha advertido a la plantilla de que los fondos de inversión juegan con la dilación de los procesos judiciales. En el caso de que hubiera juicio y fueran declarados culpables, se prevé que apelen a la Audiencia Provincial de Palma, y después al Tribunal Supremo. Con los plazos de la Justicia en España este proceso se podría ir perfectamente a cinco años, provocando desgaste y hastío entre todos los implicados en el proceso. También existe la posibilidad de que, aunque fuese ahora declarado culpable, en otra instancia no se mantenga esa culpabilidad, o aún siendo culpable no haya condena finalmente.
Mientras tanto, el mismo bufete, en un comunicado interno, advierte a aquellos trabajadores pertenecientes a empresas cuyo concurso se ha solicitado que sea fortuito, que en caso de que haya finalmente «una culpabilidad del concurso», el dinero obtenido se dirigirá al pago de las indemnizaciones de todos los trabajadores de la compañía. Esto es así, según Valiente Abogados, porque los administradores «han adoptado en todo momento un criterio de solidaridad respecto a todo el grupo». Además, existe jurisprudencia laboral al respecto.

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