Los dirigentes de la sociedad han pedido al juez que paralice unas semanas el proceso para dar tiempo al visto bueno de Bruselas
09.05.2013 | Jordi Cuenca | valencia Levante
El consejo de administración de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana acordó ayer pedir el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) una vez constatado que hoy finaliza el plazo legal para formalizar el aval de la Generalitat que debe salvarla y que el Consell no ha logrado todavía las imprescindibles autorizaciones de la Comisión Europea y el Gobierno central. La entidad avalista se ha situado así en una situación crítica, aunque sus consejeros confían en que el juez ante el que presentaron un preconcurso de acreedores el pasado 9 de enero sea benevolente y establezca una especie de moratoria en la aplicación del procedimiento de suspensión de pagos con el propósito de dar tiempo a que el Gobierno que preside Alberto Fabra obtenga el plácet de las autoridades europeas y españolas. Fuentes de la sociedad avalista aseguraron que esta decisión no va a conllevar su disolución inmediata y que va a seguir funcionando como hasta ahora, que era por debajo del ralentí, dado que el consejo decidió hace meses no aprobar ninguna operación de financiación a la espera de que se solventara la recapitalización de la firma.
Intoxicada por su elevada exposición a los avales que concedió al sector inmobiliario, la SGR valenciana precisa para seguir funcionando que se formalice el acuerdo al que la Generalitat llegó con los cuatro grandes bancos protectores de la misma: Bankia, CaixaBank, Sabadell y BBVA. Inicialmente y tras eternas negociaciones, se pactó que las entidades darían a la Generalitat un préstamo participativo de 150 millones, con los que se cubriría el agujero que impide la viabilidad de la SGR. Asimismo, el Consell avalaría otros 200 millones para hacerse cargo de futuras pérdidas por activos morosos o incobrables que fueran surgiendo. Cuando se cerró ese acuerdo, surgió el obstáculo del ministerio de Hacienda, cuyo titular, Cristóbal Montoro, no acababa de dar el visto bueno a la operación. Cedió finalmente, pero con la exigencia de reducir el aval total -que tuvo que ser renegociado con la banca- a una cantidad de unos 200 millones. Y es que fue entonces cuando las partes se dieron cuenta de que, con el aval de 350 millones, el volumen final de riesgo que asumía la Generalitat en la sociedad superaba el 50 % del mismo, lo que implicaba que la SGR sería considerada como empresa pública y que el importe global iría a engrosar la deuda de la administración autonómica. En ese momento se constató que era necesario el pronunciamiento favorable de la Comisión Europea, que aún no ha llegado.
Las fuentes consultadas aseguran que los dirigentes de la SGR han contactado con el juez ante el que presentaron el preconcurso y le han pedido que paralice el proceso -una de sus primeras decisiones sería el nombramiento de un administrador concursal que sustituiría al actual consejo- las dos semanas que calculan que tardará en conocerse la decisión de Bruselas. Estas fuentes creen que ayudaría a que el juez no inicie de inmediato las actuaciones el hecho de que el Consell aprobara ya el aval, aunque condicionado al visto bueno final de Bruselas. Si ese plácet no se produce o el juez no acepta la demora solicitada, la SGR habrá iniciado hoy el camino irreversible a su liquidación.
