El Derecho
El Pleno del Congreso aprobará de forma definitiva la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, con la que el Gobierno pretende reducir los trámites burocráticos que afrontan las empresas antes de entrar en funcionamiento extendiendo la validez de ciertas autorizaciones a todo el territorio nacional.
La norma tiene garantizada su aprobación gracias a la mayoría absoluta de los ‘populares’, que tratarán de conseguir el respaldo de la oposición a la decena de modificaciones que ha introducido el Senado, la mayor parte de carácter técnico y escasa relevancia.
Uno de los cambios más importantes es el que clarifica qué pasará con las empresas que estén presentes en más de una comunidad autónoma antes de la entrada en vigor de la ley. En este sentido, el Gobierno permitirá que puedan elegir qué legislación de origen adoptan aunque, hasta ese momento, deberán aplicar la regulación del lugar donde el operador ejerce la dirección efectiva, gestión administrativa y dirección de negocio, o en su defecto, la del lugar donde se estableció en primer lugar.
Entrada en vigor
Además, aunque con carácter general esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Cámara Alta ha decidido que los artículos relativos a la eficacia nacional de las autorizaciones de una comunidad, las nuevas responsabilidades de supervisión y los procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos gocen de un plazo de transición de tres meses.
El resto de modificaciones incorporadas al proyecto de ley en el Senado son correcciones de errores o de carácter técnico, para precisar aspectos como que si las comunidades no logran acordar el formato común de intercambio de información será el Ministerio de Hacienda el que tenga la última palabra o que el plazo máximo para que se produzcan estos intercambios será de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.
Modificaciones que, previsiblemente, no acabarán con las reticencias que la oposición ya manifestó contra esta normativa durante su primer paso por el Congreso, cuando acusaron al Gobierno de plantear un texto recentralizador y desregulador, que provocaría ‘dumping’ regulatorio y un incremento de la litigiosidad. UPyD, por su parte, lamenta que se haya perdido la ocasión de hacer una verdadera armonización normativa entre regiones.
