LA INFANTA CRISTINA Y URDANGARÍN COMPARECEN EN EL JUICIO POR EL CASO NÓOS

Expansión
Hoy ha comenzado el juicio a la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y otros 16 acusados por el caso Nóos.
La vista oral que sienta por primera vez en un banquillo a un miembro de la familia real española ha generado la mayor expectación mediática de la historia judicial de Baleares, con 84 medios nacionales e internacionales acreditados para dar cobertura a un juicio en el que está previsto que declaren hasta 352 testigos.
Se juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, así como fraude a Hacienda.
Ellos son los principales acusados, pero la presunta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Torres, por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares.
Además, doña Cristina está acusada por Manos Limpias de cooperar en los delitos fiscales y Tejeiro de blanquear capitales. En la jornada de hoy, las partes plantearán las cuestiones previas.
La defensa de la hermana del Rey expondrá su rechazo a la legitimación de la acusación popular, Manos Limpias, para sostener en solitario la acusación contra ella como presunta cooperadora en dos delitos fiscales de su marido. El sindicato pide que la condenen a 8 años de prisión.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo, por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.
En el trámite de cuestiones previas al acto del juicio oral, los abogados de doña Cristina expondrán las razones por las que consideran que la acusación contra la hermana del Rey no se puede mantener si únicamente la plantea el sindicato que ejerce la acusación popular, apelando a la doctrina Botín.
Pedirán la estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de dicha doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.
La Infanta Cristina y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ya habían pedido que se aplicara la doctrina Botín para eximirla de ir a juicio por los delitos fiscales, para lo que esgrimieron “razones de igualdad” con otros acusados a los que, “por similares motivos, se les ha eximido de sentarse en el banquillo.
“Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado, y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado”, aseveraba Horrach en un escrito presentado en el marco del caso.
Del mismo modo, el fiscal recalcaba que “el respeto al principio de igualdad debe impedir que los criterios interpretativos de las leyes penales y procesales se conviertan en cajones de sastre donde todo vale”, por lo que considera que “no es posible legalmente, bajo la excusa de matices interpretativos, orillar la aplicación” del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular.
Caso “idéntico” al de la infanta
Para reforzar sus alegatos, Horrach exponía un caso “idéntico” al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Por su parte, los abogados de la Infanta ven “jurídicamente inadmisible” que tenga que ser juzgada con la sola acusación de Manos Limpias.
De hecho, en un escrito con el que en su día pidieron el archivo de su encausamiento, señalaban que esta doctrina, establecida por el Tribunal Supremo, ha sido avalada por la ‘jurisprudencia menor’ de las audiencias provinciales con numerosas resoluciones, y mencionaban diversos autos de las audiencias provinciales de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares, que han aplicado este mismo supuesto. Los abogados sostienen que, más allá de esta doctrina, también procede aplicar para archivar la causa la “aplicación literal” de la LeCrim en este sentido.
Otros acusados
También son objeto de distintas acusaciones los cuñados de Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, como secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente, y también está acusado el asesor fiscal Salvador Trinxet. Marco Antonio ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para confesar a cambio de una rebaja en la petición de pena.
Los demás acusados son los cargos públicos que, según las acusaciones, de una u otra manera hicieron posible que el entramado de Nóos obtuviera beneficios.
De Baleares, están acusados el expresidente autonómico Jaume Matas; el exdirector general de Deportes José Luis “Pepote” Ballester, amigo de los duques de Palma; y los antiguos altos cargos de la administración regional Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet.
En la “rama valenciana” serán juzgados el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, el exdirector del Instituto de Finanzas Jorge Vela, y los antiguos gestores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado.
Por los pagos a Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, sucesora de Nóos, para que Urdangarin trabajara en pro de la candidatura Madrid 2016, está acusada la consejera delegada de la entidad que promovía el proyecto olímpico, Mercedes Coghen.
Cuatro semanas
Una vez planteadas las cuestiones previas, el tribunal formado por las juezas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín dispone de cuatro semanas de plazo para decidir al respecto antes de la continuación del juicio, prevista el próximo 9 de febrero. Las juezas resolverán si se aplica a la infanta doctrina botín y si sigue o no la acusación contra ella.
Posteriormente, los acusados comparecerán para declarar entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis “Pepote” Ballester. Luego lo harán los 352 testigos, del 8 de marzo al 17 de mayo.