LA CIUDAD DE LA JUSTICIA TENDRÁ ESPACIOS ESPECÍFICOS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES

El Derecho
Se incluyen en los criterios de practicidad y funcionalidad con los que se levantará el complejo judicial.
La Comunidad de Madrid prevé dotar a la futura Ciudad de la Justicia de espacios específicos para facilitar su labor a los profesionales de los diferentes colegios oficiales que trabajarán en ella. Así se lo comunicó hoy el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, a los decanos y presidentes de los secretarios judiciales, abogados, procuradores, psicólogos, graduados sociales y forenses madrileños en el transcurso de una reunión en la que el responsable regional les presentó el anteproyecto del complejo judicial.
Concretamente, al encuentro asistieron la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert; el decano del Colegio de Procuradores, Antonio Álvarez-Buylla; el secretario de gobierno del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, José Palazuelos; la vicepresidenta primera del Colegio de Graduados Sociales, Eva Torrecilla; el decano del Colegio de Psicólogos,Fernando Chacón; así como el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Agustín Carretero.
Durante la reunión, Victoria explicó a los representantes de los profesionales de la Justicia madrileña que la futura Ciudad de la Justicia, que se ubicará en el Parque de Valdebebas, dispondrá de más de 3.600 metros cuadrados que el Gobierno regional cederá a los diferentes colegios oficiales de profesionales de la Justicia. “Algo que, además de darle a estos trabajadores un espacio de trabajo favorable, en última instancia, redundará en la rapidez, eficacia y agilidad de la Justicia madrileña”, aseguró el responsable regional.
En términos generales, la Ciudad de la Justicia contribuirá a mejorar la agilidad judicial en al menos un 20% por el ahorro directo que se
producirá, por ejemplo, en el tiempo de desplazamientos y en traslados de expedientes.
Fase de información pública
El consejero les explicó también que el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia, que actualmente se encuentra en fase de información pública, prevé más de 200.000 metros cuadrados divididos en tres grandes bloques (penal, civil y administrativo-institucional) para agrupar los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid, que actualmente están distribuidos en 28 sedes.
Con este complejo, la Comunidad de Madrid alcanzará la mayor concentración de órganos judiciales de España en un espacio en el que prevalecerá el carácter práctico y funcional por encima de la estética, que estará adaptado a las nuevas tecnologías y en el que primarán también
criterios de ahorro energético y accesibilidad para personas con discapacidad. En aras de esa practicidad, el proyecto se ha concebido dejando atrás la división tradicional por juzgados para implantar la agrupación por áreas jurisdiccionales, lo que hará el espacio mucho más cómodo para profesionales y ciudadanos.
“Bajo estos criterios dispondremos también las áreas para que los profesionales de los diferentes colegios oficiales desempeñen su labor de manera óptima”, subrayó Victoria, quien recordó que la Ciudad de la Justicia agrupará a 42.000 abogados y 1.719 procuradoresy que se calcula que más de 25.000 personas, entre ciudadanos, profesionales de la Justicia y otros trabajadores, pasarán diario por la Ciudad de la Justicia.
Gran impacto económico
En este sentido, el consejero recordó que este proyecto, que arrancará en julio del año que viene y se “estrenará” en el verano de 2019, se convertirá en un elemento dinamizador y potenciador de la zona noroeste de la capital. Costará unos 483 millones de euros, que abonará la empresa adjudicataria, de manera que la Comunidad de Madrid no asumirá gastos, ya que pagará un canon de alrededor de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid.
Los estudios realizados por el Gobierno regional prevén que la Ciudad de la Justicia, que contempla también 60.000 metros para explotación de infraestructuras y servicios (restauración, comercios, aparcamientos, etc.), genere un impacto económico cercano a un incremento de una décima del PIB regional durante cada uno de los cuatro años que dure la construcción del complejo, con una mejora de la producción anual de 282,5 millones, unas ganancias de actividad de 118 millones y la creación de más de 2.200 puestos de trabajo.