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La red de tiendas CRS Channel, agente en exclusiva de Vodafone España SAU, se encuentra formalmente en concurso de acreedores desde el pasado viernes.Su dirección se ha acogido a esta fórmula para «proteger la tesorería de la empresa, frenar posibles embargos y racionalizar los cobros y pagos». La cadena, que achaca su situación financiera a un cambio unilateral de condiciones contractuales por parte de la multinacional, ha iniciado, de forma simultánea, un procedimiento judicial por el que le reclama daños y perjuicios que podrían sumar «5 ó 6 millones de euros».
CRSChannel es una cadena mirandesa que cuenta con un total de doce establecimientos repartidos en nueve provincias del país. En la actualidad forman parte de su plantilla «entre sesenta y setenta trabajadores». A la mayoría de ellos, como admite el propietario, Miguel Arbaizar, se les adeuda, cuatro nóminas, «tres de este año y una de 2013». El agente de Vodafone subraya que el delicado momento por el que atraviesa su empresa sobrevino por unas condiciones económicas «leoninas» impuestas por la multinacional a partir de abril del pasado ejercicio.
Desde ese momento, nuevos márgenes de la remuneración que Vodafone paga a sus agentes por los servicios que prestan –y que en algunos casos están sujetos al cumplimiento de objetivos– «se impusieron sin consenso alguno». Fue entonces cuando, se asegura, la contabilidad interna de CRS Channel comenzó a sufrir el impacto. Entre los ejercicios 2012-2013 y 2013-2014 «aumentó un 26% su productividad, los actos de intermediación de pospago para Vodafone, y percibió un 20% menos de ingresos, bajando un 36% la media de las remuneraciones por cada acto de intermediación».
Es solo uno de los argumentos que figuran en la densa demanda judicial, a cuyo contenido ha tenido acceso ELCORREO.Fue presentada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Miranda el pasado 30 de abril y su admisión a trámite se notificó al demandante la pasada semana, el día 9. En la misma se asegura –en relación con esa variable– que si se hubiesen mantenido las remuneraciones anteriores a 2013, la red de tiendas hubiera percibido más de 1,8 millones de euros (ingresó 1,1 millones).
A ese planteamiento se añaden en la citada demanda otras situaciones como la obligación de cierre de varios puntos de venta (uno en Miranda) y el suministro de nuevos terminales «que ésta (Vodafone) le ha negado al demandante a pesar de tener saldo suficiente para hacer frente al pago de todos los pedidos». Se pide, además, que sea un perito judicial el que fije la cuantía económica que cubriría «los daños y perjuicios».
La solicitud de iniciar un procedimiento concursal se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Burgos el 11 de abril. «Ésta es una empresa viable. Pero dependemos totalmente de Vodafone.Si accede a suministrarnos mercancía y nos da unas condiciones acordes, razonables, podemos continuar. Nuestra intención es, desde luego, continuar». Arbaizar subraya que si se ha optado por el concurso de acreedores es «para poder pagar a los trabajadores. Pero durará lo que Vodafone quiera que dure».
«Un distribuidor nuestro»
Desde la multinacional se aseguró que aún «no tenemos constancia de la demanda» interpuesta por CRS Channel. «En el momento que la tengamos, la analizaremos y se valorará para poder dar una opinión». Tomás Alonso, del área de comunicación corporativa de la compañía de telefonía móvil, insistió en que la cadena de tiendas «sigue trabajando con nosotros y es un distribuidor nuestro más. Hasta ahí, todo nuestro respeto», aseveró antes de insistir en que «seguimos trabajando con él».
