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La iniciativa gratuita, que se presta con el Colegio de Abogados, amplía el número de profesionales y los días de atención por la elevada demanda
El servicio de mediación hipotecaria puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia y el Colegio de Abogados ha atendido a 299 personas que corrían el riesgo de ser desahuciadas, según los datos facilitados por la Concejalía de Bienestar Social.
El servicio, que arrancó en junio de 2012 y que fue el primero de estas características en España, ha sido muy demandado «por las personas que, por estar en situación de precariedad económica, ha tenido dificultades para hacer frente al pago de sus hipotecas», según las mismas fuentes.
Hasta el momento se han cerrado 73 expedientes. De ellos, 44 han acabado con acuerdo y en otros 29 no ha sido posible. Además, el servicio municipal ha realizado 97 asesoramientos. En los casos en los que ha habido acuerdo entre el ciudadano y la entidad bancaria son varias las soluciones que se han conseguido. Hay, por ejemplo, cinco daciones de la vivienda en pago por la deuda y tres quitas, además de una suspensión de un lanzamiento (el acto por el que la comisión judicial acude a la vivienda para proceder al embargo).
También se han producido nueve acuerdos para reestructurar la deuda y otros once para una refinanciación de las cuotas. Los datos facilitados por el departamento que dirige la concejal Ana Albert reflejan que se ha conseguido un arrendamiento de la vivienda además de diez resoluciones parciales.
Varias negociaciones
El porcentaje de acuerdo obtenido en las intermediaciones es del 62,27%, una ratio que se aproxima a la conseguida en algunas regiones de Estados Unidos, donde habitualmente está extendida la figura de la mediación hipotecaria, según recordaron desde la concejalía.
Respecto al «elevado» número de procesos que todavía están en tramitación, fuentes de la concejalía resaltaron que no se cierra un expediente sin acuerdo «hasta que se han agotado todas las opciones posibles». De hecho, en la mayoría de casos se negocia varias veces con el banco con el objetivo de revisar todas las soluciones posibles.
La demanda del servicio ha sido tal que el consistorio y el Colegio de Abogados han firmado un nuevo convenio de colaboración para ampliar los días de atención al usuario y el número de profesionales que se dedican a esta función. Así, la aportación económica municipal es de 11.000 euros al año.
Hasta ahora el servicio se prestaba únicamente en el centro municipal de Ciutat Vella un día a la semana. Gracias al nuevo convenio se ha habilitado otro día en la sede colegial. Además, la atención podrá aumentarse si crece la demanda de personas que requieren este servicio gratuito, que es un procedimiento complementario o alternativo al proceso judicial en temas vinculados con la vivienda.
