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Justicia confirma a EXPANSIÓN que ultima la prueba de acceso para la abogacía, que sólo constará de preguntas tipo test, sin parte práctica, y cuya primera convocatoria podría celebrarse sólo en Madrid.
El examen para ser abogado se retrasa hasta mayo de 2014 El próximo 31 de octubre concluye el plazo para colegiarse como abogado para los licenciados en derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2011.
Los que finalizaron la licenciatura más tarde, tienen dos años desde la obtención del título para inscribirse en el colegio correspondiente. Sin embargo, ¿qué pasa con los graduados en derecho, que cursaron sus estudios acorde al Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como Plan Bolonia?
En la actualidad, alrededor de 800 personas han finalizado ya sus estudios de grado en derecho –o están terminando sus periodos de práctica obligatorios–, según un estudio interno del ministerio con las universidades.
Pero, a pesar de la obligatoriedad de aprobar un examen para poder colegiarse y ejercer la profesión, según señala la ley de acesso a la abogacía, la puesta en marcha de esta prueba estatal lleva un retraso considerable. Sin embargo, según han confirmado fuentes oficiales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia a EXPANSIÓN, “se está ultimando un examen cuya primera convocatoria será entre abril y mayo de 2014”.
La fecha más probable será mayo, porque la convocatoria debe publicarse en el BOE con al menos tres meses de antelación y aún faltan muchos aspectos por definir. Novedades – El primer examen de acceso se convocará entre abril y mayo de 2014, meses más tarde de lo previsto. – La prueba no tendrá un caso práctico.
El examen único, de tipo test y más largo que antes, refundirá los aspectos teóricos y los de aspecto más práctico. – Un comité de expertos está elaborando ahora el tipo de preguntas del examen.
La web del Ministerio publicará luego unas pruebas piloto. Justicia estudia para esta primera convocatoria de examen llevarla a cabo sólo en la ciudad de Madrid.
Como ya adelantó este diario en marzo de este año, Justicia decidió ante las presiones de colegios de abogados y universidades no suprimir el examen de acceso, tal como se apuntaba en el primer borrador de la Ley de Servicios Profesionales, pero también determinó que había que reformar totalmente la prueba.
Tras varios meses de trabajo, las citadas fuentes confirman que se va a proceder a modificar el real decreto aprobado en 2011 para refundir en un único examen tipo test las dos partes, teórica y práctica, que estaban definidas anteriormente.
Al estilo MIR El objetivo de Justicia con este cambio sutancial –no habrá finalmente un caso práctico en el acceso–, es “conseguir una prueba que sea mucho más objetiva en la corrección, al estilo del MIR de los futuros médicos.
Con esto se consigue que las respuestas no admitan discusión”, explican desde el Ministerio. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, “esto no significa que todas las preguntas del examen estén relacionadas con aspectos puramente técnicos o teóricos, sino que se intentará que varias preguntas tengan un contenido de aplicación práctica a pesar de ser de tipo test”.
Para ello, Justicia ha reunido a un comité de juristas expertos en la materia junto a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)– para que asesoren en la elaboración final de las preguntas. “Es más que probable que el examen sea largo, es decir, con unas noventa o cien preguntas tipo test, a diferencia de las cincuenta que estaban previstas antes.
Buscamos que las cuestiones planteadas sirvan para verificar realmente los conocimientos que tenga cada alumno de los contenidos del máster de acceso”, manifiestan desde Justicia.
Las mismas fuentes confirman que una vez que se definan las preguntas del examen, se publicarán en la web del Ministerio unos test piloto, tal como hizo el anterior equipo ministerial antes de dejar el cargo. Por ahora se estudia si las respuestas sólo deben sumar o, como en otras pruebas, las fallidas también deben restar puntos.
Por otra parte, aún está por decidir dónde se llevará físicamente la primera convocatoria del examen de acceso, que tendrá que organizar el Ministerio de Justicia, pero se baraja que dado que esta primera edición sólo afecta a 800 graduados, se pueda desarrollar sólo en Madrid, como ocurre con otros exámenes estatales. Como la reválida será únicamente tipo test, Justicia prevé que el resultado de la prueba, que seguirá siendo apto o no apto, se conozca en el plazo de un mes.
Una larga tramitación y puesta en marcha La aplicación de la Ley 34/2006 de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales se ha convertido en un túnel en el que aún no se ve la luz. Es una norma aprobada en 2006, que ha tenido una vacatio legis -periodo hasta que entra la ley en vigor- de cinco años, la mayor de la democracia.
Sin embargo, aunque oficialmente el texto está vigente desde el 30 de octubre de 2011, no son pocas las dudas y las idas y venidas que la ley ha tenido que padecer.
Después de la controversia durante el primer semestre de 2012 sobre si los licenciados en derecho quedarían o no exentos de la realización del acceso y la aprobación de una enmienda transaccional que los liberaba finalmente de la aplicación de la ley, ahora el foco se centra en el examen de acceso.
De nada valen ya las pruebas piloto que el equipo ministerial que encabezaba Francisco Caamaño publicó en la web de Justicia en octubre de 2011, y que causaron gran contestación.
Tras barajarse incluso en el primer borrador de la Ley de Servicios Profesionales la supresión del examen, manteniendo sólo el periodo lectivo del máster y las prácticas obligatorias, finalmente entre abril y mayo de 2014, Justicia convocará el primer examen, únicamente con preguntas tipo test y sin ningún caso práctico, al que se presentarán los 800 primeros graduados en derecho que han cursado el máster de acceso.
