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El Tribunal Constitucional ha tardado horas en decidir la suspensión del decreto contra los desahucios de la Junta de Andalucía. Lo ha hecho a petición del Gobierno que el 28 de junio decidió mandar al alto tribunal la resolución del Gobierno andaluz y solicitar, como medida cautelar, su paralización. Así, con la admisión del recurso, ha paralizado, de forma automática, las medidas.
Ahora, el decreto quedará en suspenso de forma automática por un plazo máximo de cinco meses, tiempo a partir del cual el Constitucional debatirá sobre el fondo de la medida. Hasta el día de hoy esta medida ha permitido paralizar 12 casos de desahucios.
La suspensión del decreto antidesahucios ha sido la primera medida adoptada por el recién renovado pleno del alto tribunal que preside Francisco Pérez de los Cobos, perteneciente al sector conservador, al igual que la mayoría del pleno.
De nada ha servido que la Junta de Andalucía reclamara la comisión bilateral a través de las que se negocian los recursos. De momento, las medidas de la Junta de Andalucía quedan paralizadas.
El informe sobre el rescate financiero hecho público este miércoles por la Comisión Europea elevó hasta lo más alto de sus preocupaciones el decreto aprobado por la Junta que permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos y empresas. No aportó cifras ni estimó el impacto que podría tener, pero sí aseguraba que tendrá un impacto en la estabilidad financiera. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, viajó a Bruselas, para desmentir estos argumentos.
“La norma es totalmente constitucional. Tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. El Gobierno lo recurre porque funciona, no porque sea inconstitucional. Hemos demostrado que somos capaces de aprobar un decreto que protege a las familias vulnerables y que hay alternativas a las políticas neoliberales”, dijo Cortés a la salida del edificio de la Comisión en el que se reunió ayer con funcionarios comunitarios de nivel medio.
A partir de ahora, El Tribunal Constitucional dará traslado de la demanda al Congreso, al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento andaluces, que dispondrán de un plazo de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
