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EL CONSEJO DE MINISTROS CONFIRMA QUE LOS REGISTRADORES ASUMIRÁN EL REGISTRO CIVIL

LAWYERPRESS
 
Los registradores mercantiles se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica para procesar los datos que será de titularidad pública. El coste del sistema correrá a cargo de este colectivo profesional
Ya lo comentó el Ministro Gallardón al término del evento de los Secretarios Judiciales, donde a pregunta de nuestro compañero Carlos Capa, ratificó la decisión que el Consejo de Ministros ha hecho suya este viernes. Serán los registradores mercantiles quienes en el futuro se encarguen de la gestión de los registros civiles. El Real Decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles, en la que ya se dio luz verde a su desjudicialización, indica que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes. Al mismo tiempo el Colegio de Registradores ha emitido un comunicado donde muestran su disconformidad con la decisión y señalan que “queremos llamar la atención asimismo sobre el hecho de que se imponga a estos funcionarios los gastos de funcionamiento de dicho servicio público, entre ellos el pago de la plataforma digital a través de la cual llevarán a cabo la gestión del Registro Civil. Los registradores tendrán que afrontar el coste del nuevo sistema informático sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo y mantenimiento.”
Este plazo de un año es el que los registradores mercantiles estiman necesario para tener en funcionamiento esta plataforma electrónica de la que ellos mismos se harán cargo. El Ministerio de Justicia considera fundamental dar este paso hacia adelante en la informatización de los datos para solucionar los problemas que hoy tiene el Registro Civil y garantizar así un servicio público efectivo. Hasta que esté a pleno rendimiento, los jueces seguirán cumpliendo con esta función.
Frente a la postura oficial desde el Colegio de Registradores que preside Gonzalo Aguilera el malestar es evidente. Ni la reunión mantenida en Justicia el pasado martes ha servido para convencer a Gallardón de que cambiara de opción. Ahora este colectivo profesional estará muy pendiente de cómo aparece en el BOE esta concesión para actuar en función de ello: Si señalan en su nota que “, muestra nsu profunda preocupación por la creación de una corporación de derecho público que, según el Ministerio de Justicia, se constituye para integrar a los registradores civiles y mercantiles. Dicha entidad puede provocar la división del cuerpo único de registradores”
Desde Justicia se insiste de forma machacona que la creación de esta plataforma digital será financiada íntegramente por una nueva Corporación de derecho público formada por todos los registradores que están al frente de las oficinas mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil, de forma que no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos, puesto que en el Real Decreto-ley aprobado hoy se dice expresamente que “continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba.
Si bien la gestión de los trámites pasará a engrosar las funciones de estos funcionarios públicos en las futuras Oficinas del Registro Civil y Mercantil, la titularidad de los datos del Registro Civil seguirá siendo estatal. Será el Ministerio quien diseñará durante este próximo año la organización íntegra del registro y sus normas de funcionamiento; y el Estado asegurará que el procesamiento de los datos y la plataforma cumplen con los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y la Ley Orgánica de Protección de Datos incrementando las medidas de seguridad existentes para garantizar la privacidad.
El contenido de la estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil se desarrollarán en otra norma complementaria que se presentará en los próximos días. En ella se especificará, tal y como dice el Real Decreto-ley aprobado hoy, “el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil”. Los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia, y el Ministerio se comprometerá en ese próximo texto a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia.
Esta reforma continúa con el espíritu de la ley de 2011 para tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles que, según los datos de 2013 del Consejo General del Poder Judicial, acumularon el 44% de las quejas presentadas en 2012 contra la Administración de Justicia.
Al año se expiden, aproximadamente, unos 3,3 millones de certificados y copias desde el Registro Civil. La interoperabilidad entre Administraciones que ofrecerá la nueva plataforma electrónica servirá para que el 85% de estas certificaciones, unos tres millones, sean innecesarias, de forma que los ciudadanos no tendrán que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites.

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