EUROPA PRESS /
La Comisión de Interior del Congreso aprobará este martes la nueva Ley de Seguridad Privada, seis meses después de que el Gobierno la remitiese a las Cortes. Según han informado a Europa Press fuentes ‘populares’, el texto definitivo que se enviará al Senado mantiene que los vigilantes privados puedan encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, un punto contra el que se habían manifestado grupos de la oposición como PSOE, Izquierda Plural y UPyD.
Estas mismas fuentes han precisado que hasta este lunes continuaron las conversaciones entre los distintos grupos políticos para terminar de “cerrar flecos”. Durante el trámite parlamentario los partidos han podido consultar también con las empresas y profesionales del sector.
El texto que se votará este martes incorpora en torno a 75 enmiendas, tanto transaccionales como directas, que afectan a diversas materias como el capítulo de la formación, la consideración de agente de autoridad o aspectos competenciales. En cualquier caso, desde el PP entienden que el espíritu del texto se mantiene “intacto”.
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se mantiene en el rechazo frontal a la Ley que defendió en el debate de su enmienda a la totalidad. Consideran que esta nueva norma “viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público”. “La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar”, denunció el diputado de IU Ricardo Sixto, quien mostró sus reparos a la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.
También el PSOE manifestó su oposición e incluso dijo compartir las preocupaciones de la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. Aunque en su momento los socialistas no presentaron enmienda a la totalidad con la esperanza de modificar el texto en el trámite parlamentario, las últimas declaraciones de su portavoz de Interior, Antonio Trevín, siguen colocando al PSOE en frente del Gobierno.
La presencia de vigilantes privados en el entorno de las prisiones también generó el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó avanzó que defendería propuestas para modificar este aspecto.
Limando asperezas con CIU
En lo que afecta a las competencias, el Gobierno y el PP accedieron a modificar varios artículos del proyecto después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban “invasiones competenciales” recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.
En el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que “aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)” quedarán “subsanados”. “Puedo asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito”, añadió al tiempo que agradeció la disponibilidad al diálogo de CiU.
En consecuencia, los nacionalistas retiraron la enmienda por lo que es posible que este martes no voten en contra de la Ley. Su oposición inicial se debía a que el Estatut de Cataluña “establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña”.
La primera de las tres leyes sobre seguridad
La Ley de Seguridad Privada es una de las tres reformas que en el campo de la Seguridad ha impulsado el Ministerio del Interior en esta legislatura junto a la Ley de Seguridad Vial (ya en tramitación parlamentaria) y la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, aún en fase de anteproyecto.
A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a “facilitar el crecimiento económico de España” y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.
No obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la “irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad”. “No se trata en absoluto de privatizar la seguridad”, ha enfatizado. A su juicio este proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha quedado “sobrepasada” por los avances tecnológicos y las nuevas prácticas.
