El Derecho
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves de forma definitiva la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que pretende eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas mediante la introducción del principio de eficacia nacional.
La norma, que ahora deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor, sólo ha cosechado el respaldo del PP frente al rechazo del resto de la oposición (salvo por UPyD, que apoya la norma aunque le parece que se queda corta), que la considera recentralizadora, desreguladora y desprotectora de los derechos de los consumidores.
Así, ni siquiera la decena de enmiendas introducidas a su paso por el Senado, que eran objeto del debate de este jueves, han cambiado las posturas de las diferentes formaciones, que sin embargo no ha quedado plasmado en una votación conjunta del texto al no ser ésta necesaria. No obstante, todas las formaciones de la oposición se han expresado en contra salvo UPyD, que de haber podido habría optado por la abstención, como ya hizo en anteriores debates.
Dumping normativo
El socialista Joan Rangel ha asegurado que las enmiendas del Senado son “irrelevantes o dañinas” y “confirman plenamente” un modelo que rechazan “de plano” porque “confunde unidad con uniformidad, actúa claramente con una visión recentralizadora laminando competencias de comunidades y ayuntamientos, y fomenta la desregulación”. “¿Quieren que creamos que esta ley no va a impulsar la competencia a la baja de la regulación y que no desembocará en una desregulación caótica?”, ha criticado.
“Estamos a favor de una regulación eficiente y de calidad de las actividades económicas que se fundamente en la defensa del interés general y el incremento de la protección de los ciudadanos, con cooperación institucional”, ha añadido, recordando que “recortar no es ahorrar” y acusando a los ‘populares’ de “sustituir una burocracia por otra, pero a su medida”.
Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que las enmiendas de la Cámara Alta son “inocuas” porque el texto original es “inenmendable”, ya que “partiendo de una realidad –la sobreproducción normativa–, se hace un diagnóstico interesado –que el problema es la diversidad regulatoria de las comunidades– y se ofrece al Estado como salvador, escondiendo los verdaderos objetivos” que no son la unidad de mercado sino “la uniformización en la desregulación” y el “dumping normativo” entre comunidades.
“Esta ley provocará más inseguridad jurídica para las empresas, una profunda desprotección en los consumidores y la puesta en marcha de un modelo de competitividad que llevará a que para evitar que una empresa tenga que regirse por más de una legislación, empresas de un mismo sector en el mismo municipio acaben reguladas por normativas distintas”, ha advertido. “Es la ley del oxímoron: autonomía política sí, pero para hacer todos lo mismo”, ha añadido.
Cruzada contra el estado autónomico
Según Josep Sánchez Llibre (CiU), esta ley es “el resultado de una gran cruzada del Estado contra las comunidades autónomas” e introduce una regulación “totalmente intervencionista, burocratizadora, que vulnera las competencias autonómicas, uniformizadora, recentralizadora” y que incluso podría tacharse de “inconstitucional”. “Parece que quieren pasar de un mercado regulado a un mercadillo”, ha ironizado.
“Estamos profundamente decepcionados, porque esta ley consolidará la radicalización del Gobierno del PP en aras a una centralización de competencias”, ha reconocido el nacionalista catalán, advirtiendo del riesgo de crear “paraísos administrativos y auténticos parásitos que atraerán la riqueza ajena con su laxa regulación”. Además, ha “lamentado” la “falta de diálogo y de negociación en una ley de esta envergadura, impropia del Ministerio de Economía”.
Para el diputado del PNV Emilio Olabarria esta ley es “manifiestamente extravagante, sin ninguna utilidad e incluso contraproducente para la economía”. “¿Quién ha roto la unidad de mercado? ¿O corre peligro?”, se ha preguntado, defendiendo que no hay nada disfuncional” en el mercado español, aunque avisando de que a partir de ahora sí se crearán “distorsiones” y “conflictos” entre operadores y regiones.
Además, cree que con esta norma se “desregulariza casi todo” con la omisión de autorizaciones y controles administrativas, se “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y no se respetan adecuadamente las competencias autonómicas y forales.
Teresa Jordà (ERC) ha insistido en que la ley es “homogeneizadora” y “recentraliza competencias” para introducir un “control normativo previo de legislación autonómica”. Además, supondrá el “pistoletazo de salida a un competición en espiral entre comunidades autónomas, que ganará quien más desregule en derechos de todo tipo”. “Su pervertida ideología es la de desmantelar nuestra autonomía, y tienen la desfachatez de hacerlo descaradamente”, ha añadido.
Por Amaiur, Rafael Larreina ha afirmado que las enmiendas del Senado “no han mejorado la ley, sino que incluso la han empeorado”. “Esta ley no debe existir, no tiene razón de ser. La única unidad de mercado que debe existir es la UE, y ésa ya está suficientemente garantizada”, ha reprochado, coincidiendo en que esta norma “recentraliza sin aportar nada positivo a ningún ciudadano” y “anula cualquier principio de protección” de los derechos de los consumidores en beneficio de las grandes empresas.
Mejora, pero poco
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha subrayado que ésta es una “ley importante” para “mejorar la descentralización” española, que ha provocado una “fragmentación del mercado interno”, lo que “no es sólo malo para las empresas sino también para los ciudadanos, que reciben peores servicios a precios más altos”. Así, considera que las enmiendas del Senado han supuesto una mejora adicional para adicional del texto.
Sin embargo, ha lamentado que “cuando por fin se hace algo, no se haga de la mejor manera posible”, armonizando normativa y aligerando la legislación vigente, sino con una ley “incentivará a las empresas a localizar su actividad en las comunidades donde se exijan menos requisitos” y a las regiones a “bajar los requisitos para atraer empresas”, afectando incluso temas esenciales como la salud, la seguridad o el medio ambiente.
Mentalidad aperturista
Finalmente, la ‘popular’ Belén Juste ha defendido que esta norma es “vital” y tiene una “clara mentalidad aperturista y liberalizadora”, con la vista puesta en “crear un marco normativo que facilite la actividad económica” y potencie la competitividad. “Diecisiete comunidades con 17 legislaciones coartaban la capacidad de generar riqueza de los agentes económicos”, ha dicho.
Por eso, los ‘populares’ han optado por un mecanismo que defiende el interés general y que se basa en la “cooperación, la lealtad y la confianza mutua” entre regiones. “Aunque no nos extraña que quienes más desleales se manifiestan con esa confianza entre comunidades se opongan frontalmente a esta ley”, ha añadido la diputada.
Además, ha negado las “malinterpretaciones” de que se trata de “imponer un marco homogéneo a una realidad heterogénea” o de “recentralizar” competencias, sino que antes al contrario “esta ley eliminará barreras, duplicidades o incoherencias para que la economía funcione eficientemente y se facilite la competitividad”.
