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EL COLAPSO EN LOS JUZGADOS RETRASA DOS AÑOS LOS JUICIOS POR DESPIDOS Y PENSIONES


Las provincias

El Tribunal Superior subraya que los casos de corrupción generan una carga de trabajo «muy superior a la que se puede soportar»

«Probablemente lo peor de la crisis económica ha pasado». El juicio es del decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, que retrata uno de los motivos del «descenso generalizado» del número de asuntos en los juzgados de la Comunitat. Ese y la llegada de las tasas judiciales, el ‘impuesto’ del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para recursos y otros procesos judiciales, que también ha reducido (hasta un 20%) los asuntos llegados a los tribunales. Pero eso no impide que en la justicia valenciana sigan habiendo puntos muy negros, como revela la memoria del Tribunal Superior de Justicia hecha pública ayer.
«La grave crisis que soportamos sigue siendo extraordinariamente visible a través de la actividad judicial», es la opinión de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva. Y la situación es especialmente crítica en determinadas jurisdicciones, especialmente en los juzgados de lo social, encargados de materias tan sensibles como dilucidar conflictos en casos de despidos, indemnizaciones por invalidez que lleguen a manos de la justicia o pensiones.
«Es inadmisible», subraya el decano de los jueces alicantinos, Juan Carlos Cerón. Lógico cuando allí, un caso que llegara ahora a los juzgados de lo social no sería abordado en un juicio «hasta mitad de 2016», como indica el informe del TSJ.

Más medios

La situación, aunque menos dramática, no es mucho más halagüeña en Valencia. Aquí puede tardarse en señalarse un caso un año y medio. En Castellón, más de lo mismo, hasta 20 meses tienen que transcurrir desde que un asunto entra en un juzgado y llega finalmente a la sala de vistas. Y luego, a sumarle más tiempo para dictar la sentencia, recursos… Con casi 15.000 expedientes pendientes cerraron su balance el año pasado los juzgados de la Comunitat, tal y como refleja la memoria del Tribunal Superior.

Hasta la ‘cúpula jurisdiccional’ de la Comunitat sufre el colapso. La sala de lo Civil y Penal del TSJ no se libra de la tónica de exceso de materias. La avalancha de asuntos de corrupción con políticos de por medio, asuntos que asume la sala de lo Civil y Penal, ya desborda la capacidad de los magistrados: «Los diversos procesos penales contra aforados generan una carga de trabajo muy superior a la que puede soportar» el tribunal. De la Oliva es la encargada de proclamar la receta necesaria para acabar con el colapso. «Más medios materiales y humanos». Parece complejo que la Conselleria o el Ministerio de Justicia atiendan la petición al contemplar la situación que se vive en escenarios como sala de lo Social de Alicante: sin aire acondicionado o calefacción ni en verano ni en invierno.

Antes, tres meses

El decano Pedro Viguer pone el acento sobre otro tema a controlar para evitar que se acaben colapsando otros juzgados, en este caso los civiles. La masiva llegada de demandas a los juzgados para reclamar dinero de las preferentes ha supuesto una entrada de casos «que no tiene parangón en ningún otro lugar de España». Unos 3.000 asuntos entre 2013 y los primeros meses de este año.

¿La consecuencia? Que los plazos de celebración de juicios en los juzgados civiles «se han disparado y alcanzan casi el año», algo «inaudito en Valencia», en unos órganos acostumbrados a tramitar en tres meses los asuntos, como indica Pedro Viguer.

Valencia vive la masiva llegada de 3.000 demandas por preferentes, «sin parangón en España»

Los juzgados civiles tardan casi un año en señalar juicios, «algo inaudito», según el decano Viguer

 

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