Las Provincias

El poder judicial atiende las peticiones de los magistrados de Valencia y aprueba un plan de actuación que ya ha dado resultados positivos en Santander o Galicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el plan de refuerzo a los juzgados de Primera Instancia de Valencia que propuso el pasado mes de julio la junta sectorial de jueces y aprobó la sala de gobierno en septiembre para hacer frente al aumento de demandas por preferentes.

El plan consiste en la creación de un juzgado bis. A él se incorpora un Juez de Adscripción Territorial (JAT), que es un juez de carrera a disposición de la presidencia para actuar allí donde lo requieran las circunstancias; tres comisiones de servicio con relevación de funciones para tres magistrados; un secretario judicial -cuya aprobación depende ahora del Ministerio de Justicia-; y cinco funcionarios -tres tramitadores y dos de auxilio judicial-, cuya aprobación depende ahora de la Conselleria de Justicia.

Este plan de acción nació de la preocupación de los jueces de Primera Instancia de Valencia ante la previsible avalancha de demandas por complejos productos bancarios como las preferentes, según recordó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El control de entrada de ese tipo de asuntos en los juzgados de Valencia desde febrero -cuando se estableció una categoría especial de entrada para estos asuntos- ha acreditado el progresivo incremento de asuntos de ese tipo hasta llegar a ser en este momento de 1.100, entre demandas y diligencias preliminares (en junio el total era de 334). Esa cifra justifica «sobradamente» la necesidad de actuar para garantizar una respuesta más acorde en tiempo y forma con las necesidades de los ciudadanos, han señalado las mismas fuentes.

El CGPJ, con su decisión de respaldar y apoyar en la parte que le corresponde el Plan de Actuación para los juzgados de Primera Instancia de Valencia, ha dado el primer paso para activar la respuesta «más adecuada», diseñada por los propios jueces y que en Galicia y Santander «se ha demostrado eficaz», han indicado desde el tribunal valenciano.

El ritmo de entrada de reclamaciones se ha incrementado sensiblemente desde el verano. En julio los juzgados vieron entrar 200 reclamaciones en apenas 16 días descontando los fines de semana, más un centenar de diligencias preliminares, un trámite previo a que finalmente se presente la demanda.

Al margen de la vía judicial, los preferentistas de Bankia, una de las entidades que suma más clientes con este tipo de productos, tenían la opción de acogerse a un procedimiento de arbitraje. La entidad ha recibido más de 183.000 solicitudes. De ellas, en más de 90.700 casos, el experto independiente encargado de evaluar las peticiones ha opininado a favor del inversor.

Los jueces titulares aclaran que no se trata de procedimientos sencillos, sino que conllevan cierta dificultad a la hora de dictar una resolución. Esto, en definitiva, equivale a tiempo. «No sólo se trata de atender los casos sino también de hacerlo bien», aclaró recientemente el juez decano al ser preguntado en una rueda de prensa.

La avalancha de las preferentes ha sido casi la puntilla para unos órganos que arrastran una sobrecarga de trabajo desde hace años. El descenso en la entrada de asuntos este año -sin duda influido por la entrada en vigor de las tasas judiciales- no esconde que a día de hoy todavía reciben 14.000 asuntos más que antes de la crisis económica. De hecho, continúan soportando una carga de trabajo que triplica lo recomendado por el Poder Judicial.

Uno de los apartados que ha descendido notablemente son las ejecuciones hipotecarias. Casi un 40% menos de procedimientos de este tipo se han registrado en estos órganos. El hecho de que la Justicia Europea dictaminara que determinadas cláusulas en los contratos son abusivas para el deudor -en este caso también cliente- ha frenado a muchas entidades de llevar los impagos al juzgado. También han descendido las demandas por no pagar el alquiler igual de importantes en cuanto a número.