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BARRACHINA PRESENTA EL CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES POR LAS DEUDAS

Las Provincias
Los usuarios de Piscina Valencia inician una campaña de recogida de firmas para reclamar la continuidad del servicio y de los trabajadores
Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el complejo de Piscina Valencia, ha presentado el concurso voluntario de acreedores, según la información a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Un proceso que acontece de forma paralela al que tiene iniciado el Ayuntamiento de Valencia para rescindir el contrato de gestión de este complejo, que la empresa Hosva, propiedad de Jesús Barrachina, tiene en concesión desde 1995.
La solicitud de concurso voluntario fue admitida por el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia en un auto fechado el pasado 6 de junio y que hace referencia a la entidad Gespiva SL, la firma creada por Barrachina para gestionar los servicios deportivos del complejo municipal. De forma previa, ya había sido nombrado el administrador concursal, que será José Luis Ramos Fortea, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del pasado 20 de marzo.

De hecho, Jesús Barrachina (uno de los hijos del conocido hostelero) reconoció a comienzos de este mes, cuando el consistorio rechazó las alegaciones presentadas contra la rescisión de la concesión, que la empresa no descartaba solicitar el concurso de acreedores tras haber intentado una ampliación de capital. Este diario intentó localizar ayer, sin éxito, a los responsables de la empresa.
Los administradores concursales ya han tenido una reunión con los empleados La empresa adeuda al ayuntamiento más de 366.000 euros por el canon de varios años
De momento, a falta de que los distintos acreedores comuniquen las cantidades que adeuda la empresa, los administradores concursales ya han tenido la primera reunión con los trabajadores. De ahí la preocupación generada entre los empleados de Piscina Valencia, Les Graelles y Alameda Palace (entre 40-50 personas) por la falta de información sobre la situación real de la compañía y por la posibilidad de que los nuevos gestores planteen un expediente de extinción de los contratos, ya que algunos empleados llevan casi 20 años en este puesto.
La fórmula escogida por Barrachina permite, al ser él mismo quien ha planteado el concurso, dejar en suspenso de ejecución los pagos pendientes hasta que se resuelva el procedimiento. Entre ellos, la deuda de 500.993,5 euros reclamada por la Agencia Tributaria, los 366.000 euros del canon de explotación de varios años o las nóminas impagadas (desde febrero de este año, según indican fuentes próximas a la empresa) a los empleados.
400 firmas en un día
No sólo los trabajadores están inquietos por su futuro. También los usuarios (unos 3.000 al mes) de las instalaciones deportivas. Por ello, este miércoles iniciaron una campaña de recogida de firmas para mostrar su apoyo a la plantilla, a la que alaban por su profesionalidad.
En el escrito, además, se reclama la continuidad del servicio de la piscina y del equipo de trabajo en el caso de que una nueva empresa entrara a gestionar Piscina Valencia. En un sólo día ya han reunido 400 rúbricas para intentar evitar una situación que recuerda a la acontecida con el polideportivo La Rambleta, en el barrio de San Marcelino, donde un juez ordenó el cierre de las instalaciones al haber intervenido a una de las empresa gestoras por estar en concurso de acreedores.
Desde el Ayuntamiento de Valencia, fuentes de la Concejalía de Deportes indicaron que la situación concursal, de la que aún no tienen constancia oficial, no afecta al proceso de anulación de la concesión, que sigue su curso. Actualmente, el expediente está en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que emita un dictamen, que no es vinculante.
Respecto a la continuidad del servicio, el expediente de resolución incluye una moción del concejal de Deportes, Cristóbal Grau, para que la concesionaria siga atendiendo a los usuarios «hasta que se formalice un nuevo contrato de concesión administrativa, en su caso», según el documento. No obstante, si la empresa plantea que no puede hacerse cargo, el consistorio estudiaría medidas.
 

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