Consejo general de la Abogacía Española

Ayuntamientos, partidos políticos y otras instituciones continúan mostrando su apoyo al mantenimiento de los Colegios de Abogados de Partido, por el arraigo que tienen en las localidades en las que están ubicados y el gran servicio que prestan a los ciudadanos.
El borrador del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales recoge, entre otra medidas, que habría un solo Colegio de Abogados de ámbito autonómico y, excepcionalmente, provinciales. De aprobarse la Ley, tal como está redactada en este borrador, desaparecerían los 33 Colegios denominados de partido.
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) acordó por unanimidad instar al gobierno a que mantenga los Colegios Profesionales provinciales y de partido, especialmente el Colegio de Abogados de Jerez en el proyecto de Ley de Servicios Profesionales.
El Consistorio asegura que “Debe tenerse presente que sus objetivos esenciales son la ordenación de la práctica de lo profesión de abogado, la representación exclusiva de estos, la defensa de los intereses profesionales y, sobre todo, el cumplimiento de la función social que corresponde o la promoción y colaboración con la administración de Justicia, como son, entre otros, la gestión de la asistencia gratuita a los ciudadanos. Y en nuestra ciudad, colaborando con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, el servicio de información y atención a las mujeres víctimas de violencia de género, la Oficina de lntermediación Hipotecaria, y la Asistencia a personas Mayores de 65 años.
Así mismo cumple una función social a través de su Fundación Forum Astense en el desarrollo de políticas sociales y de formación tanto para colegiados como para la sociedad en general. Es una de las instituciones en que se estructura la sociedad civil y que viene desarrollando un papel importante a lo largo de la historia en defensa del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, y especialmente de aquellos grupos que han sufrido violencia o marginación”.
Por su parte, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell aprobó, también por unanimidad, una proposición de la alcaldía para apoyar al Colegio de Abogados de Sabadell. El consistorio resalta los 108 años de trayectoria de este colegio: “El principal valor del Colegio de Abogados de Sabadell recae en la proximidad, inmediatez y personalización de los servicios que presta, hecho que le permite actuar con una celeridad y efectividad imposibles de conseguir con un Colegio único o centralizado”.
Por todo ello considera imprescindible el mantenimiento del Colegio de Abogados de Sabadell “como elemento básico de la estructura institucional de la sociedad civil, en la cual destaca por su papel de garante del acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas, a los cuales presta este servicio fundamental con una proximidad e inmediatez que redunda en una mejor defensa de sus derechos y libertades”.
En Ferrol, el grupo de gobierno del Partido Popular apoya al Colegio de Abogados porque “es una institución que desempeña un importante papel en la defensa del estado de Derecho y de los derechos de la ciudadanía y, especialmente, de los colectivos más desfavorecidos o que sufren violencia o marginación”.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a propuesta del grupo EAJ-PNV, aprobó una moción contraria a la nueva LSP. “ Hay que tener presente que son fines esenciales de un Colegio de Abogados, entre otros, la ordenación y control del ejercicio de la profesión en su ámbito territorial, la representación exclusiva de la misma, la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados y, sobre todo, el cumplimiento de la labor social que corresponde a la abogacía y la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de Justicia, llevando a cabo tareas encomiables e imprescindibles para la ciudadanía, tales como la gestión de la asistencia letrada a personas detenidas y a víctimas de violencia de género”.
Por todo ello, el consistorio alavés puso de manifiesto su rechazo a cualquier supresión de una institución “que es necesaria y de gran valor para nuestra ciudad y nuestro territorio histórico”.
El Ayuntamiento de Lucena respaldó por unanimidad un escrito del decano del Colegio de Abogados, Juan González Palma, solicitando apoyo para la entidad. Contó con el voto de los dos grupos políticos que forman gobierno, PSOE e Izquierda Unida, y del PP, formación política que se encuentra en la oposición.
Creado hace 143 años, el Colegio de Abogados de Lucena recibió la Medalla de Oro de la Ciudad y es una de las tres entidades andaluzas ubicadas en ciudades no capitales de provincia, junto a Jerez de la Frontera y Antequera. Está prevista la aprobación de apoyos similares en los ayuntamientos de Rute, Iznájar, Encinas Reales, Benamejí y Palenciana, que integran el partido judicial de Lucena y que tienen una población cercana a los 70.000 habitantes.
El concejal de IU advirtió que la nueva LSP podría suponer una injerencia del Estado en competencias de la Junta. Por su parte, el portavoz socialista resaltó la labor de la entidad, que no tiene coste alguno para las arcas municipales. Asimismo, el portavoz del PP defendió que el Colegio de Abogados de Lucena acerca al ciudadano la solicitud de la asistencia jurídica gratuita.
También en Navarra se ha hecho patente el apoyo a los Colegios de Abogados en riesgo. Así, el Ayuntamiento de Tudela ha solicitado al Gobierno que reconsidere el anteproyecto de ley de Servicios Profesionales para respetar la existencia de los 83 Colegios de Abogados
“No todas las profesiones son iguales, ni deben estar sujetas a idénticos requisitos de acceso y de ejercicio, como tampoco son iguales todos los Colegios Profesionales. La actual organización de la Abogacía y la tradicional existencia de determinados Colegios de Partido Judicial, con razones históricas, pero también, con importantes funciones de acercamiento de servicios fundamentales a los ciudadanos de la Justicia Gratuita, el Turno de Oficio, los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídica, las Oficinas de intermediación Hipotecarias, etc. – ha sido pacífica en España y se ha mostrado eficiente, sin coste alguno ni para las Administraciones Públicas, ni para los ciudadanos. Es decir, los Colegios de Abogados, en general, y, en concreto, el de Tudela, desarrollan sus funciones, en favor de los ciudadanos, desde la mayor cercanía posible, con sus propios fondos a cargo de sus colegiados”, argumenta el texto aprobado por el consistorio tudelano.
RESPALDO DE PARTIDOS POLÍTICOS
También los partidos políticos están manifestando su preocupación por la posible desaparición de Colegios de Abogados.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) trasladará tanto a la Asamblea de Madrid como al Senado la inquietud de la Abogacía, después de que el líder del PSM, Tomas Gómez, se reuniera con el decano de Alcalá de Henares.
El Colegio de Abogados de Almería y el resto de colegios profesionales de la provincia han solicitado al diputado del Partido Popular por esa circunscripción, Rafael Hernando, que traslade al Gobierno su preocupación por los cambios que supondrá la Ley de Servicios Profesionales. El decano de los letrados almerienses, José Pascual Pozo, explicó a Hernando que los Colegios mantienen servicios de gran utilidad social y se mantienen exclusivamente con las cuotas de los colegiados. “No somos una carga para nadie y, sin embargo, tenemos una función social importante, ofreciendo formación y difusión de las normativas para nuestros colegiados, a la vez que somos un órgano de control de la profesión, que supone una garantía para el usuario”, aseguró Pozo.
Por su parte, Rafael Hernando se ofreció a trasladar las propuestas de los Colegios al Gobierno y afirmó que “el sistema actual está funcionando razonablemente bien, por lo que este modelo va a seguir funcionando.”
JORNADA EN REUS
El consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, ratificó en la Jornada de Colegios de Partido celebrada el 26 de abril en Reus que, ante la posibilidad de que desaparezca uno de los colegios profesionales más antiguos, con más de 150 años de historia, como el de Reus, “defenderemos nuestras competencias, nuestros abogados, nuestros profesionales y nuestros colegios”.
Gordó realizó un repaso de la importancia del partido judicial de Reus, que cuenta con 28 municipios con una población de más de 190.000 habitantes, con seis juzgados de primera instancia, cuatro de instrucción, uno social, dos de penal y 27 juzgados de paz. “Estamos hablando de una realidad judicial, una comunidad humana que necesita su propio Colegio y que tiene derecho a una relación tan cercana como sea posible entre profesionales, ciudadanos y juzgados”.
Por su parte, el diputado Francesc Vallés Vives, coordinador de los diputados y senadores del PSC en las Cortes Generales, y el diputado de CiU y vicepresidente Cuarto del Congreso de los Diputados, Jordi Jané, mostraron su respaldo a los planteamientos de los decanos reunidos en Reus para mantener los Colegios de partido, ofreciendo su apoyo durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Servicios Profesionales.
Por su parte, Daniel Serrano Coronado, diputado por Barcelona del PP, expresó su comprensión ante la problemática surgida en las localidades donde existe un Colegio de partido y agradeció a los asistentes la información trasladada por los decanos reunidos en Reus.