ANDALUCÍA CREA UN REGISTRO PÚBLICO DE MEDIADORES FAMILIARES

LAWYERPRESS

Sánchez Rubio destaca la importancia de la red profesionalizada que se ha constituido para prestar este servicio, accesible ahora a todas las familias andaluza independientemente de donde vivan
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha valorado el sistema de mediación familiar puesto en marcha recientemente en Andalucía consistente en una red de profesionales con el que se pretende universalizar el acceso a este servicio de toda la ciudadanía, llegando a cada rincón de la geografía andaluza. En una comparecencia en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento, Sánchez Rubio ha alabado la creación del Registro Público de Mediación Familiar de Andalucía, que garantiza la accesibilidad a este servicio de todas las familias andaluzas, independientemente del lugar donde residan.
La mediación constituye una de las líneas de trabajo estratégicas de este departamento dentro del marco de la prevención en materia de familias y menores y consiste en que un tercero ayuda a dos o más partes, con el consentimiento de éstas, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto en el entorno de la familia. La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se ha mostrado convencida de que impulsar la mediación familiar puede conllevar un considerable ahorro de tiempo, dinero y de desgaste personal de los miembros de la unidad familiar, especialmente en el caso de los menores.
Sánchez Rubio, que ha señalado que en España aún no existe cultura de mediación, ha destacado que ésta supone un importante ahorro económico y de tiempo en relación a la justicia ordinaria, al tiempo que ha indicado que representa un elemento que contribuye al crecimiento personal y a mejorar la manera de enfrentarse a conflictos de la vida cotidiana, según demuestran todas las evidencias.
Entre los conflictos que se pueden resolver a través de la mediación, Sánchez Rubio ha citado el establecimiento de las medidas patrimoniales tras una separación (antes de presentar la demanda de mutuo acuerdo); la ejecución del régimen convivencia, el régimen de visitas con los hijos y abuelos, la pensión de alimentos, o la vivienda tras un proceso de separación; la modificación un convenio regulador o para resolver un conflicto entre parientes por el cuidado de una persona dependiente. También puede afrontar problemas de convivencia entre padres e hijos o las relaciones de los menores con sus parientes.
La consejera ha destacado que la mediación intergeneracional cobra especial relevancia en la situación actual ya que las nuevas fórmulas de convivencia conllevan nuevos conflictos más complejos y difíciles de resolver por las vías tradicionales. Por tanto, según Sánchez Rubio, es necesario ofrecer a los padres y a las madres los instrumentos y habilidades necesarios para afrontar los conflictos con sus hijos.
Con la creación del Registro Público de Mediación Familiar de Andalucía, compuesto actualmente por 1.364 profesionales, la Junta vertebra esta actividad y la acerca a la ciudadanía con calidad. Las personas que querían utilizar este procedimiento tenían que desplazarse hasta ahora a las capitales de provincia, una circunstancia que ahora ya no es necesaria, haciendo mucho más accesible el sistema.
Cualquier persona interesada en acudir a la mediación familiar puede dirigirse al Registro de Mediación donde encontrará el listado de profesionales disponibles por provincias. El proceso comienza con la firma de un contrato de mediación entre las partes que establece que se comprometen a participar. Posteriormente, se realiza la recogida de información, la creación de un plan para abordar los temas, la negociación y finalmente el acuerdo final.
Apoyo a las personas más vulnerables
Para Sánchez Rubio, el sistema de mediación familiar supone también un apoyo firme a las personas más vulnerables y que están en peor situación, que pueden acceder gratuitamente al servicio. El requisito para solicitar la gratuidad del servicios por parte de la ciudadanía es, con carácter general, que la unidad familiar de los solicitantes no supere el doble del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) vigente en el momento de la petición, o el cuádruple de dicho indicador cuando la persona solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial (de cuatro o más hijos) o se trate de una persona con discapacidad.
La consejera ha señalado igualmente que su departamento colaborará estrechamente con la Consejería de Justicia e Interior para sensibilizar y proponer, en el caso de que sea oportuno, el procedimiento de la mediación familiar. Se trata, en suma, de favorecer y facilitar desde los poderes públicos el acceso a un sistema que ofrece muchas ventajas en la resolución de conflictos y con el que, a partir de ahora, “llegaremos a todos los rincones de Andalucía”, ha apostillado Sánchez Rubio.
Asimismo, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha considerado vital la implicación de las corporaciones locales, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, para dar a conocer este instrumento, ya que a través de los servicios sociales comunitarios o de los centros municipales de Información a la Mujer es como se conocen muchas de las situaciones susceptibles de mediación familiar. En este sentido, Sánchez Rubio ha resaltado la importancia de la colaboración de las entidades locales para difundir la existencia y características de este mecanismo de resolución de conflictos.