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ABOGADOS VALENCIANOS DEJARÁN DE PRESTAR SERVICIOS EN TURNO DE OFICIO SI NO COBRAN Y PIDEN DIMISIONES


El Derecho

Abogados valencianos dejarán de prestar algunos servicios en turno de oficio que no estén remunerados por la Consejería de Justicia, tales como las asistencias por algún tipo de falta.

Esta petición y queja ha sido unánime por los decanos de los Ilustres Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana –Valencia, Castellón, Alicante, Elche y Sueca–, ante la situación de “hartazgo” en la que se encuentran, después de cobrar poco, tarde y mal por el servicio del turno de oficio que se presta a los ciudadanos de la autonomía.
Los responsables de los colegios –Mariano Durán, del Icav; Fernando Candela, de Alicante; Antonio Esteban, de Castellón; Mari Carmen Pérez, de Elche; y Joan María Tamarit, de Sueca– se han mostrado partidarios de adoptar medidas si no varía la situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio.
Al respecto, han indicado que los abogados de la Comunidad son de los “peores pagados” de toda España. Así, Durán ha puesto como ejemplo que perciben 120 euros por un juicio rápido sin conformidad frente a los 362 de Cataluña o los 350 de País Vasco o Galicia; también los abogados valencianos del turno reciben 40 euros por asistencia al detenido, frente a los 73 de Cataluña o los 99 de Canarias; y otros 170 euros por procedimiento contencioso ordinario, frente a los 325 de Cataluña o los 351 de Canarias.
Así mismo, el letrado del Icav ha hecho referencia a la escasa cantidad abonada a un abogado del turno de oficio que lleva asuntos tan largos y complejos como puede ser el ‘caso Emarsa’ o Terra Mítica. En este sentido, ha indicado que lo que perciben estos abogados es un total de 700 euros por llevar todo el caso, frente a lo fijado por otras autonomías para este tipo de asuntos, que realizan convenios específicos al respecto con retribuciones más acordes.
Esta situación “viene de lejos”, han apuntado los letrados, y han indicado que se agravó con la entrada en vigor de la Orden 2/2012, en la que se estableció un recorte de los baremos, en algunos casos llegando hasta el 62 por ciento. Y ante ello, Candela ha afirmado que “hay que tener el respeto que se tiene que tener al turno de oficio”, al tiempo que ha asegurado que si fuera político, se preocuparía porque los abogados de la Comunidad “no fueran los peores tratados de España”.
Por su parte, Pérez ha hablado de “reuniones de papel” mantenidas con la Consejería que “no sirven para nada”, mientras que Esteban ha apuntado que la situación actual es de “fatiga brutal”: “no hemos avanzado en absoluto, nos encontramos con baremos que en enero de 2012, lejos de avanzar, supusieron un recorte brutal”, ha agregado. Así mismo, Tamarit ha lamentado que la Ley de Tasas Judiciales, creada entre otros motivos para repercutir parte de lo recaudado a mejorar la asistencia jurídica gratuita, no haya servido para su fin, puesto que “no se ha destinado ni un euro a este servicio”.
Reunión con Castellano
Ante esta situación, han indicado que están estudiando otra serie de medidas que terminarán de definir en el pleno del Consejo Autonómico que tendrá lugar el próximo 16 de mayo. Previamente, el próximo lunes, el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha convocado a Mariano Durán para hablar de esta situación.
Durán ha mostrado su deseo de que este encuentro sea “productivo” y sea para “hablar definitivamente de soluciones” y, de no ser así, tomarán medidas. Entre ellas, ha avanzado que la propuesta valenciana pasa por trabajar al límite de la ley sin causar perjuicio o menoscabo a los ciudadanos.
En concreto, ha apuntado que los abogados se limitarían a cumplir con el baremo fijado por la ley, con lo que dejarían de hacer o empezarían a cobrar a los ciudadanos las actuaciones que ejercen y que no están retribuidas por la Conselleria, como es el caso de las asistencias por faltas –que no delitos–.
Al respecto, Candela ha apuntado que en Alicante se hizo ya una huelga en la que se dejaron de prestar servicios, y ahora –ha agregado– “hay que hacer algo porque existe un hartazgo generalizado. Hay que reconsiderar las cifras”. Pero Durán ha apuntado que no es solo una cuestión económica, sino también de mejora en la gestión del servicio, con la implantación, por ejemplo, del expediente electrónico.
Sobre este tipo de asuntos ha indicado que los ha hablado tanto como con Gastaldi como con González, y “nunca” ha obtenido nada. “Con estas dos personas, responsables que llevan la gestión directa del turno de oficio, es imposible hablar”, ha lamentado, al tiempo que ha añadido: “llevo más de dos años tratando con ellos y no hay manera de avanzar ni tan siquiera en cuestiones tan interesantes como es el expediente electrónico”.
“Ahora no puedo”
Por este motivo, ha anunciado que ya ha solicitado la dimisión de estos dos altos cargos, una petición que también han respaldado el resto de los decanos de Colegios de Abogados de la Comunidad: “he pedido la dimisión de estas dos personas porque, sobretodo con el director general, es todo balones fuera. Toda la respuesta es ahora no puedo, no hay presupuesto.. Eso no es gestionar bien un servicio público”, entiende.
Al respecto, se le ha preguntado si su petición de dimisión se extiende también al consejero, puesto que es el responsable tanto del director general como del secretario autonómico, y ha contestado que “no” y ha agregado: “no conozco el funcionamiento interno de la Consejería, pero cuando me he sentado con el me ha dicho que tal día se iban a efectuar los pagos, se han hecho, por ejemplo. Y con el director o el secretario es hablar con la pared”, ha criticado. “Voluntad, no he visto ninguna por parte de estas dos personas”, ha insistido.
Esta postura y requerimiento de cese, ha añadido Durán, también ha sido respaldado por el presidente del Consejo de la Abogacía, de quien ha recibido el apoyo, así como del Colegio de Madrid, que se ha pronunciado mostrando su solidaridad, y del Colegio de Málaga.

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